🕒 Última actualización:
abril 01, 2026
Un presunto caso de matoneo (bullying...) escolar que habría dejado con lesiones a un menor de 11 años en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Ibagué generó preocupación en la comunidad. La mamá del niño denunció que su hijo venía siendo víctima de bullying hasta que, el viernes 27 de marzo, la situación habría escalado a agresión física, recibiendo 'golpes en la cabeza y el pecho' que habrían requerido atención médica. Antes de esta manifestación, la Secretaría de Salud de Ibagué, a través de Yennifer Nadia Guzmán Corral, se pronunció sobre el caso, asegurando que el menor había recibido la valoración médica adecuada y que 'no existía hospitalización prolongada ni falta de atención'. Según la funcionaria, el niño habría sido valorado por pediatría, se descartó 'trauma grave' y se le habría dado salida 'conforme a los protocolos médicos establecidos'.
A pesar de este pronunciamiento, Helena Rodríguez, mamá del menor, dijo recientemente a Tropicana que la atención brindada por el colegio y las entidades competentes 'no fue suficiente'. También, sostuvo que debido a la gravedad de las heridas, el menor habría tenido que ser trasladado a Bogotá para recibir cuidados médicos y psicológicos adicionales, los cuales estarían siendo costeados por la familia 'mediante recolección de recursos'. Así las cosas, exigió 'que se determinen responsabilidades' por parte del colegio y de la Secretaría de Educación, hablando de una necesidad de garantizar una 'atención integral' del menor y la 'protección de sus derechos' frente a la violencia escolar.
El caso evidenciaría la existencia de versiones encontradas: mientras la Secretaría de Salud afirmó que el menor recibió 'la atención correspondiente', la madre insiste en que la respuesta institucional habría sido 'insuficiente' y que se requeriría un seguimiento 'más riguroso' de la situación. Este episodio ha generado debate en la comunidad sobre la importancia de 'protocolos claros' ante posibles casos de acoso escolar, una 'intervención oportuna' de las autoridades y una necesidad de garantizar que los estudiantes reciban apoyo médico, psicológico y educativo 'adecuado' ante situaciones de violencia en el entorno escolar. Cuando la controversia persiste, el reporte continúa en desarrollo.
Vía: Tropicana • Ecos del Combeima
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