🕒 Última actualización:
abril 07, 2026
La Procuraduría General de la Nación sancionó con 'destitución e inhabilidad general' por 14 años al mayor (r) de la Policía Nacional, Jorge Mario Molano Bedoya, por 'su responsabilidad' en la muerte del joven Santiago Murillo durante las protestas del primero de mayo de 2021 en Ibagué. Este fallo marcaría un precedente en la ciudad al responsabilizar disciplinariamente a un oficial por 'uso excesivo de la fuerza' en contextos de manifestación social. El Ministerio Público concluyó que Molano, entonces comandante de estación, habría incurrido en un 'uso desproporcionado de la fuerza', 'desconociendo' los protocolos establecidos para el manejo de protestas. Esta actuación, según se dijo, derivó en la 'vulneración del derecho fundamental a la vida' de Murillo, en un hecho que conmocionó a la ciudadanía y organismos de derechos humanos a nivel local y nacional.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, el oficial 'conocía las directrices' sobre el uso de armas en contextos de protesta, pero 'actuó contrariamente' a la normativa constitucional y legal. La Procuraduría calificó su conducta como 'una falta gravísima' cometida a título de dolo (de manera consciente, voluntaria y deliberada, con pleno conocimiento de la ilegalidad y de las consecuencias de sus actos...). El caso de Santiago Murillo se convirtió en uno de los episodios más representativos durante el estallido social de 2021 en el país, generando indignación nacional y exigencias de 'justicia'. La muerte del joven ha quedado registrada como un 'ejemplo de los riesgos' que enfrentan los ciudadanos durante manifestaciones masivas cuando se excede el uso de la fuerza por parte de la autoridad.
Con esta decisión, la Procuraduría avanza en la determinación de responsabilidades disciplinarias, aunque el proceso aún permite recurso de apelación ante el despacho del procurador General de la Nación. Sectores de la ciudad consideran que este fallo representaría un 'paso importante' en la búsqueda de justicia por la muerte de Murillo y un 'precedente' en la vigilancia 'del respeto' a los derechos fundamentales durante protestas. El fallo reforzaría una exigencia de que los agentes de la autoridad cumplan 'de manera estricta' los protocolos establecidos, protegiendo los derechos de los ciudadanos y evitando que situaciones de violencia institucional queden impunes, aún en contextos de alta tensión social.
Vía: El Olfato • Caracol Radio
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