🕒 Última actualización:
abril 15, 2026
El Gobierno de España aprobó una regularización extraordinaria que llevaría a otorgar permisos de residencia y trabajo a cerca de medio millón de migrantes que ya viven en el país. La medida, impulsada por el Presidente Pedro Sánchez, es presentada como un 'acto de justicia' y de “normalización” al 'reconocer' una realidad social ya existente. El decreto, avalado por el Consejo de Ministros, beneficiaría a migrantes en situación irregular, pero también a solicitantes de protección internacional. La iniciativa respondería a demandas de organizaciones no gubernamentales (ONG), contaría con respaldo de la Iglesia Católica y sectores empresariales, pero ha sido rechazada por partidarios de derecha. La normativa entraría en vigor mañana, 16 de abril, y permitiría a los beneficiarios obtener una autorización de residencia y trabajo por un año, habilitándolos 'de manera automática' para trabajar en cualquier sector del país. Además, contemplaría una protección especial para menores de edad, quienes podrían acceder a permisos de residencia 'de hasta cinco años'.
Para acceder al proceso, los solicitantes deberían acreditar su presencia en España antes del primero de enero de 2026 y demostrar una 'permanencia continua' de al menos cinco meses. También deberían carecer de antecedentes penales y no representar riesgos para el orden público o la salud. El proceso podría iniciarse por internet desde el 16 de abril mientras que la atención presencial comenzaría el 20 de abril con cita previa. Las solicitudes podrían presentarse hasta el 30 de junio, y el gobierno espera resolverlas 'en un plazo aproximado de dos meses y medio'. Un elemento considerado clave sería el papel de las organizaciones sociales, que actuarían como una especie de “oficinas de Extranjería”. Más de 200 entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería asesorarían a los migrantes y elaborarían informes de vulnerabilidad, especialmente para quienes no cuenten con empadronamiento.
Estas organizaciones podrían ayudar a demostrar la residencia mediante documentos como 'facturas, informes médicos, envíos de dinero o comprobantes de transporte'. También acompañarían a los solicitantes durante todo el proceso, facilitando el acceso ante una falta de recursos para contratar asesoría legal especializada. Además de los requisitos básicos, podrían acceder a la regularización quienes presenten una oferta de trabajo, un proyecto de emprendimiento o pertenezcan a una unidad familiar con menores, personas con discapacidad o dependientes. En el caso de solicitantes de asilo, bastaría con haber iniciado su trámite desde antes del primero de enero de 2026. Para evitar colapsos administrativos, el gobierno dijo que reforzaría el sistema 'con más personal', alcanzando unos 600 trabajadores en la unidad encargada de tramitar los expedientes. La ministra Elma Saiz mencionó que la medida 'garantiza derechos, seguridad jurídica', y formaría parte de un plan más amplio de 'integración e interculturalidad' en el país. El reporte está en desarrollo.
Vía: DW • EFE • El País • TeleSUR
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