🕒 Última actualización:
abril 29, 2026
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ordenó una revisión anticipada de la licencia de la cadena ABC, propiedad de Disney, en medio de una nueva controversia política que involucra al Presidente Donald Trump y al comediante Jimmy Kimmel. La decisión se produjo tras las presiones del mandatario para que el presentador fuera despedido por una broma dirigida a la primera dama, Melania Trump. El conflicto se originó por un comentario emitido el 16 de abril en Jimmy Kimmel Live!, donde el comediante dijo que Melania tenía “el aura de una futura viuda”. La frase, dicha en tono humorístico, cobró mayor relevancia luego del incidente con un hombre armado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington (para mayor contexto, consultar en el blog), lo que habría llevado a Trump y sus aliados a calificar el comentario como un supuesto llamado a la violencia. Tanto el presidente como la primera dama exigieron 'acciones' contra Kimmel, incluyendo su despido inmediato. Sin embargo, el presentador rechazó las acusaciones, aseguró que se habría tratado de “una broma muy ligera” sobre la diferencia de edad entre la pareja presidencial y negó 'cualquier intención violenta'. Además, criticó lo que consideró una 'reacción desproporcionada' por parte de la Casa Blanca.
En medio de la polémica, Kimmel respondió desde su programa con un tono satírico, evitando referirse directamente a la revisión de licencias, pero señalando lo que consideró una supuesta contradicción del propio Trump. Y es que durante una ceremonia oficial con el Rey Carlos III de Reino Unido, el presidente bromeó sobre la duración de su matrimonio, lo que llevó al comediante a cuestionar si también se trataba de una referencia a la muerte, subrayando la presunta 'doble vara' frente al humor político. Aunque la FCC no mencionó directamente a Kimmel en su decisión, la medida obligaría a Disney a iniciar antes de lo previsto el proceso de renovación de licencias de sus estaciones, algo que ha sido interpretado como una aparente 'represalia política'. La compañía dice que ha operado 'en cumplimiento' de las normas y defendió su posición apelando a la Primera Enmienda, anticipando una batalla legal que podría prolongarse durante años. La controversia ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión en EEUU. Mientras figuras demócratas y expertos hablan sobre 'riesgos de censura y control mediático', algunos republicanos (el partido de Trump) han cuestionado el uso de organismos reguladores para intervenir en contenidos.
A propósito de Carlos III, este está de visita a EEUU con un discurso ante el Congreso en el que pidió 'unidad occidental' y una 'defensa firme' de Ucrania para una paz “justa y duradera”, y que las 'nuevas amenazas' exigirían mayores esfuerzos y reafirmando el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan). La intervención tuvo un carácter histórico, ya que fue la primera de un monarca británico ante el Congreso desde 1991, cuando habló su madre, la Reina Isabel II, y combinó un tono diplomático con mensajes sutiles sobre la importancia de los controles y equilibrios del poder, el ambiente y la cooperación militar. Carlos III respondió de forma indirecta a posturas de Trump, defendiendo la alianza transatlántica y aludiendo a 'la cooperación histórica' entre ambos países, incluso frente a críticas recientes a la Otan y al Reino Unido. La jornada habría incluido momentos incómodos, como cuando Trump afirmó que el rey coincidiría con él sobre el conflicto con Irán, a pesar de la 'neutralidad política' de la monarquía. Durante la cena en la Casa Blanca, el monarca habría pedido 'renovar' la alianza entre EEUU y el Reino Unido, calificándola como clave para la seguridad y prosperidad, en medio de una relación en uno de sus puntos más bajos por tensiones entre Trump y el primer ministro Keir Starmer y desacuerdos sobre Irán.
Y en otras noticias, EEUU acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y a otros nueve funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, señalándolos de supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa 'para introducir drogas' a territorio estadounidense 'a cambio de sobornos y apoyo político'. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, junto con la DEA, también imputó cargos al senador Enrique Inzunza, entre otros funcionarios, con delitos que podrían acarrear hasta cadena perpetua. El Gobierno de México, a través de la Cancillería, confirmó que recibió solicitudes de extradición, pero que EEUU no habría presentado pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados. Rocha Moya rechazó las acusaciones, calificándolas como 'infundadas' y como un presunto 'ataque político', además de referir 'que se vulnera' la soberanía del país. Según las autoridades estadounidenses, la red de corrupción incluiría a funcionarios y fuerzas de seguridad 'que protegían al cartel, facilitaban sus operaciones y participaban en actos violentos como secuestros y asesinatos'. También aseguran que el gobernador habría llegado al poder con apoyo de la facción conocida como “Los Chapitos”, mientras que otros implicados supuestamente recibían pagos periódicos por filtrar información o permitir el control criminal en zonas como Culiacán, lo que intensificaría la tensión diplomática entre ambos países. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: DW • AFP • EPD • CNN • Reuters • El País • EFE • The Guardian • The New York Times
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