🕒 Última actualización:
abril 30, 2026
Caracol Radio reportó un presunto esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que habría comprometido más de $1,1 billones en contratos de obra. El hallazgo se basaría en 25 procesos ejecutados entre 2023 y 2024 durante la gestión de Olmedo López, tramitados a través de la Fiduprevisora, y superaría ampliamente los cerca de $380.000 millones que la Fiscalía ha mencionado hasta ahora en el escándalo, sin contar otros casos como el de los carrotanques. El modelo identificado en todos los contratos seguiría un mismo patrón: para cada obra se invitaba formalmente a tres empresas, pero solo una presentaba oferta económica. Esa única propuesta sería aceptada, el contrato sería aprobado por la dirección de la Ungrd y la Fiduprevisora autorizaba el desembolso de un anticipo cercano al 20% del valor total. En varios casos, las otras “empresas competidoras” no tendrían actividad verificable, lo que haría que la supuesta competencia fuera 'solo aparente'.
Los contratos estarían destinados principalmente a obras de mitigación de riesgos, como protección de cauces, control de inundaciones e infraestructura de emergencia en distintas regiones del país. Entre los municipios más beneficiados aparecerían Girón (Santander), con más de $350.000 millones. San Jacinto del Cauca en La Mojana (Bolívar), con cerca de $129.000 millones; Puerto Boyacá con unos 74.000 millones; además de proyectos en Bahía Solano (Chocó), Pivijay (Magdalena), Cantagallo (Bolívar), Itagüí (Antioquia) y Tierralta (Córdoba), entre otros. La investigación del medio citado también habría encontrado 'repetición de empresas y consorcios' en diferentes adjudicaciones. Firmas como Construdeco Alianza Logística e Inversiones CCO habrían participado en varios contratos en distintas regiones. Incluso se habrían identificado consorcios con nombres diferentes, pero conformados por las mismas empresas y con 'idéntica distribución accionaria', como Prosperidad Oiba y Dique Bolívar, que aun así habrían recibido recursos como si fueran proyectos independientes.
Según el reporte, el papel de la Fiduprevisora habría sido clave, especialmente a través de su Vicepresidencia de Contratación Derivada, encargada de validar los contratos. Durante el periodo investigado habría sido dirigida por Daniela Andrade Valencia, cuya firma aparecería en varios expedientes, y luego fue nombrada notaria. Antes estuvo Carlos Fernando López, posteriormente vinculado a la Consejería para las Regiones, en medio de la estructura señalada en el escándalo de la Ungrd. Finalmente, los documentos revisados mostrarían que el mismo esquema de contratación (invitaciones múltiples, único oferente y adjudicación sin competencia real) ya vendría operando desde 2022, antes del actual gobierno, durante la dirección de Eduardo José González en la administración del expresidente Iván Duque. Esto sugiere que el modelo no sería reciente, sino una práctica que habría 'persistido en el tiempo' dentro de la entidad. El escándalo de la Ungrd se muestra como el mayor del actual Gobierno Nacional.
Sobre lo último de este, la Fiscalía acusó formalmente ante la Corte Suprema a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en este escándalo y el del Invías, señalándolos de supuestamente direccionar más de 70 contratos por más de $612 mil millones 'para asegurar apoyo' de congresistas a reformas del Gobierno Nacional. Según la investigación, los proyectos habrían sido distribuidos en varias comisiones del Congreso. Ambos exfuncionarios rechazaron los cargos: Bonilla cuestionó las pruebas de la Fiscalía y negó irregularidades, mientras Velasco dijo que no se habría apropiado de recursos y que estaría siendo usado como “chivo expiatorio”, además de poner en duda la credibilidad de los testigos clave. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • Caracol Radio
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