🕒 Última actualización:
mayo 18, 2026
El panorama de seguridad alrededor de la campaña presidencial continuaría deteriorándose tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia (exalcalde de Cubarral, Meta) y Eder Fabián Cardona, dos integrantes del equipo político de Abelardo de la Espriella en Meta, a dos semanas de la primera vuelta. Las víctimas habrían sido interceptadas por hombres armados cuando regresaban de recoger material publicitario para distribuir en zonas rurales de Cubarral, un hecho que habrían escalado nuevas alarmas sobre la violencia electoral en el país. Tras los crímenes, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria denunció nuevas amenazas contra coordinadores de la campaña en diferentes regiones del país. Según el colectivo, varios integrantes habrían recibido 'mensajes intimidatorios y amenazas de muerte' para abandonar los territorios donde realizan actividades políticas, asegurando que existirían 'pruebas documentadas, registros de llamadas y números identificados'. Luego de un consejo extraordinario de seguridad realizado en la Gobernación del Meta, autoridades departamentales y mandos militares alertaron sobre una presunta estrategia de las disidencias Farc para 'ejercer presión' sobre comunidades rurales y 'afectar' el escenario electoral en zonas de Meta y Guaviare.
Durante la reunión, las autoridades advirtieron que los enfrentamientos entre estructuras lideradas por alias Calarcá y alias Iván Mordisco ya no responderían únicamente a disputas por corredores ilegales o control territorial, sino también al interés de 'controlar a la población civil'. Según el Ejército, existirían evidencias de actividades de supuesta carnetización ilegal de habitantes en sectores rurales. De acuerdo con el jefe de Estado Mayor de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez, esto tendría como propósito ejercer control sobre las comunidades en medio de la disputa armada. Además, dijo que las Fuerzas Militares mantendrían operaciones ofensivas y acciones contra estas estructuras en Meta y Guaviare. Por su parte, la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, indicó que estas situaciones ya habrían sido advertidas en anteriores comités de seguridad y refirió 'preocupación' por posibles casos de constreñimiento al voto durante las elecciones presidenciales. La mandataria aseguró que también habrían circulado panfletos en algunas zonas rurales en los que se les estaría pidiendo a los habitantes 'inscribirse' para participar en las votaciones.
En medio de ese contexto, Defensores de la Patria solicitó a la Fiscalía 'acelerar' las investigaciones sobre las amenazas contra integrantes de la campaña y rastrear el origen de los mensajes intimidatorios. Asimismo, solicitaron a la Policía 'activar' esquemas de protección para las personas que han sido identificadas directamente en esas comunicaciones. Las autoridades anunciaron además un fortalecimiento de medidas de seguridad y operaciones conjuntas entre Ejército, Policía, Fiscalía y organismos de inteligencia para proteger a las comunidades y 'garantizar el desarrollo del proceso electoral'. Entre las acciones se contemplaría reforzar patrullajes rurales y puestos de control estratégicos en la región. Tras el consejo de seguridad también se confirmó el aumento a $100 millones de la recompensa por información que lleve a 'identificar y capturar' a los responsables de los asesinatos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La FM • Revista Cambio
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