🕒 Última actualización:
mayo 08, 2026
El conflicto armado en el país persiste, con diversos hechos que han trascendido a nivel nacional en días recientes. El periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio local El Confidente de Yarumal (Antioquia) y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional sede Medellín, fue reportado como desaparecido desde el martes en el norte de Antioquia. Horas después, organizaciones y habitantes de Briceño denunciaron que habría sido asesinado mientras realizaba reportería sobre los recientes combates entre el Frente 36 de las disidencias Farc y el Ejército Nacional en la vereda Palmichal. Según información preliminar, Pérez Rueda habría ingresado a la zona rural de Briceño buscando documentar enfrentamientos ocurridos el lunes. Testigos señalaron que el periodista habría llegado hasta el corregimiento de Travesías preguntando por rutas y contactos para acceder a Palmichal, a pesar de advertencias de funcionarios locales sobre las difíciles condiciones de seguridad en el sector. De acuerdo con relatos conocidos por medios regionales, el comunicador habría sido retenido en la vereda El Hoyo, cerca de Palmichal, presuntamente por integrantes del Frente 36 de las disidencias Farc. Las denuncias indicaban que posteriormente 'fue torturado y asesinado' frente a miembros de la comunidad, y que los responsables habrían ordenado 'trasladar y enterrar el cuerpo' en la zona.
Este viernes, 8 de mayo, el cuerpo del periodista fue hallado en zona rural de Briceño. La recuperación se hizo durante una misión humanitaria con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y la Defensoría del Pueblo. El ministro de Defensa Pedro Sánchez aumentó a $500 millones la recompensa por información que lleve a capturar a alias Víctor Chala, señalado por el asesinato de Mateo Pérez Rueda. Según las autoridades, el crimen habría sido cometido por disidencias Farc que disputarían el control territorial en la zona. Inteligencia militar también relaciona a Chala con el asesinato de la lideresa social Lina María Puentes en Huila.
Se trataría del primer caso de un periodista asesinado en Colombia en 2026 y el primero desde 2024 por razones asociadas a su labor. Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría del Pueblo y el Cicr coordinaban una misión humanitaria junto con la familia del periodista para ingresar al municipio y verificar lo ocurrido. Mientras tanto, habitantes y organizaciones denunciaron que el cuerpo permanecería en la vereda sin que las autoridades hayan podido recuperarlo 'debido a los riesgos de seguridad'. La senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) aseguró que supuestamente ninguna autoridad municipal habría acompañado hasta ahora la recuperación del cuerpo y solicitó a la Personería actuar 'de manera inmediata'. También, mencionó que Mateo Pérez denunciaba 'de manera constante' la situación de violencia y control armado que afectaría al norte antioqueño. El caso habría reavivado las alertas sobre la seguridad de periodistas y líderes sociales en Antioquia. Hace dos años, Pérez Rueda había denunciado presiones judiciales, tutelas y procesos que, según afirmó, 'buscaban desgastarlo y obligarlo a retirar publicaciones'. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa exigieron 'garantías' para 'esclarecer el crimen, proteger a los comunicadores en zonas de conflicto y recuperar el cuerpo del periodista con dignidad'. Este reporte está en desarrollo.
En otro hecho que se conoció horas atrás, la guerrilla del ELN difundió un video en el que anunció un supuesto “juicio revolucionario” contra cuatro funcionarios colombianos secuestrados en Arauca durante 2025, imponiéndoles condenas de entre 32 y 60 meses de “prisión revolucionaria”. Entre las víctimas estarían los escoltas de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, además de los policías Frankie Hoyos y Yordin Fabián Pérez. El grupo armado los acusa de presunto 'espionaje' y de participar en 'montajes judiciales', mientras las víctimas permanecerían secuestradas desde hace cerca de un año. La decisión habría generado rechazo de la justicia colombiana, el Gobierno Nacional y organizaciones defensoras de derechos humanos. La Corte Suprema y la Fiscalía General exigieron la 'liberación inmediata y sin condiciones' de los secuestrados, recordando que el secuestro viola el Derecho Internacional Humanitario y que solo el Estado podría administrar justicia. La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo 'rechazar' los llamados “juicios revolucionarios”, mientras Indepaz advirtió que estas prácticas buscarían 'imponer terror y degradar la dignidad'. El caso también habría generado amplias reacciones políticas en medio del debate sobre la política de “Paz Total” del Gobierno Nacional. Sectores de oposición cuestionan las negociaciones con el ELN y exigen la liberación, mientras figuras cercanas apelando a esto último. Familias denunciaron un 'deterioro físico y emocional' de los secuestrados, especialmente por problemas cardíacos y condiciones del cautiverio 'difíciles'. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: El Colombiano • NTN24 • El País • Revista Semana
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