🕒 Última actualización:
mayo 20, 2026
El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció esta semana la excarcelación de 300 personas consideradas presos políticos, en lo que sería parte de la Ley de Amnistía impulsada por el gobierno interino encabezado por el gobierno. Según dijo, las liberaciones incluirían 'beneficios especiales' por razones de edad, salud y otras condiciones particulares. Rodríguez explicó que algunas de las personas beneficiadas habrían estado involucradas en hechos considerados 'delitos comprobados', pero que podrían acceder a medidas de libertad 'por ser menores de edad, mayores de 70 años, mujeres embarazadas o lactantes, o personas con enfermedades'. También, que el proceso pretendería 'beneficios judiciales adicionales'. Entre los primeros casos mencionados por las autoridades estarían una adolescente de 16 años y una mujer de 71 años, identificada como Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado por su participación en un supuesto ataque marítimo fallido contra el gobierno en 2020. Horas después del anuncio, la ONG Foro Penal confirmó la liberación de Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, considerados los presos políticos 'más antiguos' del país tras permanecer 23 años detenidos.
Los tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas habían sido arrestados en 2003 por hechos vinculados al intento de Golpe de Estado contra Hugo Chávez ocurrido en 2002. Los ex policías fueron condenados a 30 años de prisión por 'homicidio calificado frustrado en complicidad', tras ser acusados de presuntamente participar en los enfrentamientos ocurridos el 11 de abril de 2002 en el sector de Puente Llaguno, en Caracas, hechos que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos. Permanecían recluidos en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara. La opositora María Corina Machado reaccionó a estas liberaciones y aseguró que se trataría de tres personas que 'nunca debieron permanecer encarceladas', pero también de familias que habrían soportado 'años de sufrimiento, persecución y dolor'. Asimismo, pidió que todos los presos políticos 'sean liberados'.
El debate sobre las detenciones políticas volvió a intensificarse tras el caso de Carmen Navas, una mujer de 80 años que se convirtió en símbolo de la lucha de familiares de presos políticos en Venezuela. Navas murió el domingo, pocos días después de conocerse oficialmente la muerte de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, quien había permanecido desaparecido durante meses bajo custodia estatal. Durante meses, Navas habría recorrido instituciones y realizado llamados públicos para encontrar a su hijo, detenido a comienzos de enero de 2025. Su caso ganó visibilidad por denuncias constantes sobre 'falta de información' acerca de su paradero y las condiciones en las que habría permanecido detenido. El 7 de mayo, autoridades venezolanas confirmaron la muerte de Víctor Hugo Quero, ocurrida presuntamente diez meses antes. Sin embargo, su madre cuestionó la versión oficial y exigió conocer cuándo y por qué murió, afirmando que no creía que el fallecimiento hubiera ocurrido en la fecha reportada por las autoridades.
La última aparición pública de Carmen Navas ocurrió durante una misa realizada en memoria de su hijo, donde estuvo acompañada por decenas de personas. Posteriormente habría presentado problemas de salud, habría sido trasladada a un centro asistencial y luego regresó a su vivienda, donde falleció. Su muerte generó múltiples reacciones en redes sociales y entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Machado afirmó que “no murió solo una madre”, mientras activistas y defensores de derechos humanos la describieron como 'símbolo de dignidad, resistencia y perseverancia' frente a la búsqueda de justicia. El caso volvió a poner el foco sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Según Foro Penal, hasta mayo de este año se contabilizaban 454 presos políticos en el país y más de 19.000 detenciones políticas desde 2014. Las recientes excarcelaciones ocurrirían además en medio de exigencias de organizaciones nacionales e internacionales para investigar la muerte de Víctor Quero y revisar la situación de las personas que permanecen detenidas, además del contexto de 'presión' de EEUU. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • El Espectador • Infobae
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