🕒 Última actualización:
mayo 20, 2026
Seis personas habrían sido asesinadas en la mañana de hoy en la vía que comunica a los municipios de Ábrego y Ocaña, en Norte de Santander, cuando se desplazaban en una camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El ataque armado habría vuelto a encender 'alertas de seguridad' en la región del Catatumbo. Entre las víctimas fue identificado Freiman David Velásquez, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien contaba con esquema de protección. Junto a él murieron sus dos escoltas, Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo, además de otras tres personas que aún no habrían sido identificadas por las autoridades. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía de Norte de Santander, el vehículo habría sido atacado con armas de fuego de largo alcance por sujetos armados. Las víctimas no habrían tenido 'oportunidad de reacción ante la intensidad del ataque. Las autoridades informaron que, de manera conjunta, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación adelantan investigaciones para 'esclarecer el homicidio múltiple, identificar a los responsables y determinar las circunstancias' del crimen.
En la zona rural de Ábrego tendría presencia el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, aunque las autoridades han insistido en que sería la investigación judicial la que determine si este grupo armado tuvo o no participación en los hechos. El caso generó reacciones políticas. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, dijo 'rechazar' la masacre y cuestionó la política de “paz total” del Gobierno Nacional, señalando que la violencia contra líderes sociales y la fuerza pública seguiría 'en aumento' en varias regiones del país. El mandatario departamental hizo un llamado al Presidente Gustavo Petro 'para que exija' a los grupos armados ilegales con los que se adelantan diálogos el cese de los ataques contra la población civil. Además, que en lo corrido de 2026 se habría incrementado el número de asesinatos de líderes sociales y miembros de la fuerza pública, y que la paz debería 'garantizar seguridad real' en los territorios.
A propósito del ELN, y a poco de las elecciones presidenciales de Colombia, el grupo y las disidencias Farc al mando de 'Iván Mordisco' anunciaron 'ceses temporales de operaciones ofensivas'. El ELN informó una tregua entre el 30 de mayo y el 2 de junio 'para respetar el derecho al voto y no interferir en el proceso electoral', mientras que las disidencias señalaron que suspenderían acciones militares desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio 'para reducir la tensión' durante los comicios, aunque advirtieron que responderían si consideran que sus estructuras 'son atacadas'. Las medidas se producen en medio de un contexto de amenazas y alertas de seguridad en distintas regiones del país. El senador Alexander López Maya (Polo Democrático Alternativo, Pacto Histórico) habría sido blanco de un presunto intento de secuestro en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, cuando hombres armados instalaron un retén ilegal en el sector de Cajibío (Cauca) e interceptaron una caravana oficial. Durante el ataque, una camioneta asignada a su esquema de seguridad habría sido impactada con disparos, aunque López salió ileso porque había cambiado de vehículo 'por seguridad'; además, un escolta presuntamente fue 'retenido y golpeado' antes de escapar y ser encontrado por el Ejército. Las autoridades informaron que dos camionetas habrían sido robadas y atribuyen preliminarmente el hecho a disidencias Farc del frente Jaime Martínez, mientras el Presidente Gustavo Petro señaló a estructuras lideradas por 'Mordisco' y anunció acciones 'para reforzar' la seguridad en la región.
A propósito de todo, en otras cosas, la Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín, advirtió al Gobierno Nacional sobre una necesidad de “mitigar riesgos” antes de avanzar en la suspensión de órdenes de captura y el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), tambiém en el marco de la política de “paz total”. La funcionaria señaló que estas decisiones deberían cumplir requisitos constitucionales y legales 'estrictos', incluyendo 'motivación suficiente, delimitación clara y verificación del avance real' de los procesos de paz, los cuales (según la Corte Constitucional) solo podrían avanzar hacia ZUT cuando están en una etapa “avanzada”. También, que el nivel de avance no es homogéneo entre los distintos grupos armados, como el Clan del Golfo y otros actores en negociación, lo que exigiría un 'análisis diferenciado'. Finalmente, habría identificafo cuatro riesgos principales: afectaciones a los derechos de las víctimas, posibles impactos en un contexto electoral, riesgos de seguridad para comunidades y concentrados en las ZUT, y posibles afectaciones a pueblos étnicos, por lo que instó al presidente a justificar y sustentar mejor sus decisiones antes de ejecutar los traslados. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Noticias RCN • Blu Radio • La Silla Vacía • El Heraldo • Revista Cambio • DW • AFP • EFE • El Cronista (Colombia)
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