🕒 Última actualización:
mayo 02, 2026
El Gobierno Nacional oficializó la Política Nacional de Trabajo Digno y Decente mediante el Conpes 4189, una estrategia que pretendería 'transformar' el mercado laboral en Colombia con una inversión de $1,82 billones durante los próximos diez años. El anuncio fue realizado en Medellín (Antioquia) en medio de las movilizaciones del Día Internacional del Trabajo, llamándose 'una de las principales apuestas laborales' de la actual administración. La iniciativa fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (el Conpes) y establecería una hoja de ruta con 104 acciones orientadas a 'mejorar las condiciones laborales, reducir brechas e impulsar la productividad' con 'enfoque social, inclusivo y sostenible'. Según el gobierno, el documento representaría 'un avance clave' en el fortalecimiento de los derechos laborales y la estabilidad económica del país. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que esta política constituiría un instrumento de transformación para la próxima década, con 'inversiones y acciones sin precedentes'. Además, que el Ejecutivo trabajaría en un decreto, en articulación con organizaciones sindicales, para implementar un 'plan integral de reparación colectiva' dirigido a este sector.
La política es liderada por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Su directora, Natalia Irene Molina, afirmó que la iniciativa se sustentaría 'en evidencia internacional y lineamientos' de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiriendo que el bienestar laboral debería asumirse como una inversión 'que impulsa' el crecimiento económico sostenido. Así las cosas, el Conpes contemplaría cinco líneas consideradas 'estratégicas': generación de empleo en el marco de la transición energética y digital, reducción de brechas en poblaciones vulnerables, fortalecimiento de la inspección laboral, ampliación del acceso a la protección social y promoción del diálogo social. Además, introduciría medidas específicas como 'programas de empleo juvenil, apoyo a vendedores informales sin desalojos, inspecciones para garantizar derechos de trabajadoras domésticas, reconocimiento del trabajo de cuidado y fortalecimiento del sindicalismo'. En materia de inversión, se aclaró que el 81,9% de los recursos (equivalentes a $1,47 billones) sería destinado al Servicio Nacional de Aprendizaje (el Sena) 'para fortalecer' la formación en empleos del futuro, especialmente en sectores asociados a la transición energética y tecnológica. La política también contemplaría un 'monitoreo semestral' de sus avances y apoyo a trabajadores afectados por cambios productivos, como 'cierre de minas de carbón'.
A propósito de todo, El Nuevo Siglo reportó recientemente que el mercado laboral en Colombia mostraría 'señales de recuperación' durante el actual gobierno, con una tasa de desempleo de 8,8% en el primer trimestre de 2026, según el Dane. Este resultado representaría una reducción de 0,8 puntos porcentuales y el mejor registro para un mes de marzo desde 2001. En promedio, entre enero y marzo la desocupación fue de 9,6%, con 24,4 millones de personas ocupadas, es decir, 650.000 más que en el mismo periodo de 2025. El ministro Sanguino atribuyó estos resultados 'a las políticas laborales' del actual gobierno, hablando del impacto de las decisiones salariales. Señaló que en noviembre de 2025 el desempleo rondó el 7% y cerró ese año en 8,2%, una caída frente a cifras superiores al 11% al final del gobierno anterior. También habló de una 'leve reducción' de la informalidad, que pasó del 58% al 55%. En la misma línea, la exministra Clara López Obregón defendió el aumento del salario mínimo, asegurando que no habría destruido empleo y que, por el contrario, habría contribuido a reducir 'tanto el desempleo como la informalidad'. Además, que estas medidas podrían 'mejorar' la productividad y 'estimular' la economía, al tiempo que 'ayudan a reducir' la desigualdad mediante una 'mayor participación de los trabajadores' en el ingreso nacional.
Sin embargo, el exministro Ángel Custodio Cabrera consideró que las cifras deberían leerse 'con cautela'. Señaló que la reducción del desempleo no necesariamente implicaría mejores condiciones laborales, especialmente por el crecimiento de la informalidad en sectores como el agro y el entretenimiento. También cuestionó el enfoque de la Reforma Laboral, al considerar que limitaría la flexibilidad del mercado y eliminaría esquemas como la tercerización. Por su parte, la exministra Gina Magnolia Riaño refirió que la informalidad seguiría siendo un 'problema estructural', cercano al 50% en el país y 'aún mayor' en zonas rurales. También, que esta situación afectaría derechos fundamentales como 'estabilidad laboral y protección social', y estaría ligada a 'brechas sociales más amplias'. Además, alertó sobre 'desafíos' que traerían fenómenos como el teletrabajo, la automatización y la inteligencia artificial. De cara al futuro, las posturas también divergen. Sanguino propone consolidar el “salario vital” y avanzar en la Reforma Laboral, mientras López insiste en 'fortalecer la economía popular y el acceso al crédito'. Cabrera advierte sobre un posible aumento del desempleo si no se incentiva la formalización, y Riaño plantea un necesidad de políticas focalizadas, 'especialmente para mujeres, jóvenes y zonas rurales'. El reporte está en desarrollo.
Vía: Agencia API • Inravisión • El Nuevo Siglo
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