🕒 Última actualización:
mayo 08, 2026
La Registraduría Nacional dio vía libre al comité promotor del referendo “Por la Estabilidad Constitucional 2026-2034”, una iniciativa impulsada por el candidato presidencial Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla, que pretendería impedir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente durante los próximos ocho años. Con esta decisión, formalizada mediante la Resolución 4723, el comité podría iniciar oficialmente la recolección de firmas en todo el país. La propuesta surge como respuesta al proceso constituyente promovido por sectores del Pacto Histórico y respaldado por el Gobierno Nacional (para mayor contexto, consultar en el blog). Así las cosas, el objetivo del referendo sería adicionar un artículo a la Constitución 'para blindarla' frente a reformas vía constituyente hasta 2034, cubriendo dos periodos presidenciales. Según la Registraduría, la iniciativa cumpliría con los requisitos establecidos en la Ley 1757 de 2015 para promover este mecanismo de participación ciudadana.
Además de Fajardo y Bonilla, el comité está integrado por el abogado Mauricio Pava, quien ha defendido al Presidente Gustavo Petro y a miembros de su gabinete, así como por Federico Restrepo, Martín Rivera, Daniel Felipe Vega e Ian Sergio Bueno. Pava sería el vocero oficial y responsable administrativo, financiero y jurídico de la campaña, que desde el inicio debería reportar sus estados contables ante la Registraduría para mantener vigilancia institucional sobre el manejo de recursos. Una vez estén listos los formularios, el comité tendría inicialmente seis meses para recolectar apoyos ciudadanos, con posibilidad de prórroga. Las firmas deberían ser entregadas posteriormente a la Dirección de Censo Electoral, encargada de verificar cuáles serían válidas. La iniciativa de Fajardo haría parte de su estrategia de campaña para intentar remontar en las encuestas presidenciales, combinando propuestas anticorrupción con símbolos de campaña como la escoba para “barrer la corrupción”.
En paralelo, el comité ciudadano que impulsa la constituyente desde sectores afines al gobierno, encabezado por el líder wayúu Armando Custodio Wouriyu, continuaría avanzando en su propio proceso. Ese grupo se inscribió oficialmente el 26 de diciembre y habría sido reconocido por la Registraduría el 30 de enero. El presidente Petro ha impulsado públicamente esa propuesta e incluso difundió antes del primero de mayo la cuenta bancaria del comité para apoyar la financiación del proceso. La meta del oficialismo sería entregar las firmas el 20 de julio, coincidiendo con la instalación del nuevo Congreso. Tanto el referendo anticonstituyente como la propuesta de constituyente deberían seguir el mismo camino legal: reunir cerca de tres millones de firmas válidas, superar la revisión de la Registraduría, obtener aprobación del Congreso y pasar posteriormente el control de la Corte Constitucional. Si ambas iniciativas llegaran finalmente a las urnas, necesitarían más de 12 millones de votos favorables para ser aprobadas. En medio de este debate electoral, el registrador nacional Hernán Penagos reiteró que el código fuente del software electoral “nunca será entregado” al gobierno, en medio de dudas del Pacto Histórico, aunque sí sería 'congelado y auditado' en presencia de partidos y observadores 'para garantizar transparencia' en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
En lo más reciente del panorama electoral, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) desplegaría hasta 150 observadores en todo el país para acompañar las elecciones presidenciales del 31 de mayo, mientras manifiesta 'preocupación' por la presencia de grupos armados y la 'violencia reciente' en regiones como Cauca y Valle. Y sobre las dudas del Pacto respecto de las garantías de auditoría al software electoral, el registrador Penagos reiteró que no entregaría el código fuente del sistema como se solicita, argumentando 'riesgos de seguridad y posibles ataques informáticos', y que solo estaría disponible para la Procuraduría. Aunque el oficialismo cuestiona las restricciones durante la auditoría y una 'falta de acceso pleno' al software, la misión europea habló de una 'transparencia y solidez' del sistema electoral colombiano, y que el escrutinio manual y público ofrecería 'garantías' frente a eventuales irregularidades. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: El Nacional (Colombia) • La Silla Vacía
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