🕒 Última actualización:
mayo 19, 2026
La elección del nuevo rector de la Universidad del Tolima para el periodo 2026-2030 avanzaría en medio de un escenario marcado por varios frentes: el debate de propuestas entre los candidatos, cuestionamientos sobre las garantías del proceso electoral y denuncias de presunta persecución sindical. La consulta universitaria se desarrollará los días 22 y 23 de mayo, mientras que la designación oficial quedará en manos del Consejo Superior (CSU) el 28 de mayo. Los tres aspirantes al cargo, Yenny Fernanda Urrego, Diego Fernando Aranda y John Jairo Méndez, participaron en un debate de El Nuevo Día y otros medios donde habrían expuesto sus propuestas sobre financiación, salud mental, virtualidad, investigación y expansión regional. Allí habrían quedado marcadas distintas visiones sobre el futuro de la institución. Urrego enfocó su propuesta en una 'transformación institucional', planteando una “constituyente universitaria”, fortalecimiento docente y 'mayor participación' de estudiantes, profesores y sindicatos. Aranda centró su discurso en una 'modernización tecnológica, inteligencia artificial, salud mental y búsqueda de nuevas fuentes de financiación'. Por su parte, Méndez defendió 'la consolidación académica, flexibilidad curricular, permanencia estudiantil y fortalecimiento regional e internacional' de la universidad.
Sin embargo, mientras avanza la discusión académica, la Procuraduría General de la Nación mantiene vigilancia preventiva sobre el proceso electoral tras recibir inquietudes de distintos sectores universitarios. Las denuncias apuntan a la modalidad de votación virtual, posibles limitaciones derivadas de la brecha digital y la necesidad de auditorías externas que permitan generar mayor confianza. La Universidad del Tolima ha señalado que la plataforma Sigeel (Sistema de Gestión de Elecciones) sería una herramienta propia desarrollada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la institución, utilizada en procesos electorales desde 2022. Según la universidad, el sistema contaría con 'mecanismos como firewall perimetral, protección de aplicaciones web (WAF), procesos de fortalecimiento de seguridad, trazabilidad y separación entre la identidad del votante y el contenido del sufragio', además de apoyo tecnológico para quienes tengan dificultades de acceso. El requerimiento de la Procuraduría no implicaría suspensión del cronograma ni constituiría una prueba de irregularidades, pero sí reflejaría un ambiente de tensión alrededor de un proceso que, aunque no es vinculante (la consulta es independiente a la decisión del CSU), definiría el rumbo de la principal universidad pública del departamento.
En este contexto, se conocieron otras controversias. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu-Tolima) denunció públicamente un presunto “plan sistemático de persecución sindical” dentro de la Universidad del Tolima, señalando a la administración del rector Omar Mejía. Según el sindicato, algunos docentes estarían siendo objeto de procesos disciplinarios y judiciales por sus denuncias sobre supuestas irregularidades administrativas. De acuerdo con el comunicado de Aspu, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la universidad estaría adelantando procesos contra los profesores Ricardo Andrés Pérez, Ever Edrey Hernández y Juan Felipe Rodríguez. El sindicato sostiene que estas actuaciones serían una 'represalia' relacionada con su actividad sindical y con las denuncias realizadas. Los docentes también recordaron el caso de Ever Edrey Hernández, quien supuestamente habría sido víctima de amenazas con arma de fuego en zona rural de Ibagué durante 2025, luego de participar en un debate ante un Consejo Superior ampliado de la institución.
Aspu además señaló a Marien Alexandra Gil, directora del instituto a distancia Idead, de 'promover' denuncias contra integrantes del sindicato mediante el Comité de Convivencia y despachos judiciales de Ibagué. En el documento también se menciona a Adriana del Pilar León por una denuncia penal presentada ante la Fiscalía contra el profesor Alexander Martínez Rivillas, relacionada con declaraciones hechas en medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en concursos docentes. Finalmente, Aspu-Tolima solicitó la intervención del ministro de Trabajo Antonio Sanguino, del ministro de Educación Daniel Rojas Medellín y de la Procuraduría General de la Nación 'para investigar' los hechos denunciados. Asimismo, solicitó 'apoyo' de los congresistas Renzo García (Pacto Histórico, Alianza Verde), Marco Emilio Hincapié (Pacto Histórico) y Ariel Ávila (Alianza Verde), además de convocar a docentes y estudiantes a futuras movilizaciones 'en defensa' de la universidad. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: El Cronista • CambioIn • El Nuevo Día
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