Lo más reciente relacionado con el conflicto armado en Ibagué y Tolima, y las advertencias de la MOE a dos semanas de las elecciones presidenciales

El Alertado
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🕒 Última actualización: mayo 19, 2026

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que existirían riesgos para las elecciones del 31 de mayo en varios municipios de Tolima, entre ellos Ibagué, Rioblanco, Chaparral, Planadas y Melgar. Según Cristian Martínez, coordinador de la entidad en el departamento, las alertas estarían relacionadas con 'factores de violencia y posibles afectaciones a la transparencia electoral'. La MOE señaló que en el sur de Tolima, donde tendrían presencia las disidencias Farc, el frente Ismael Ruiz, liderado por alias Chapolo, presuntamente estaría 'ejerciendo control' sobre la población mediante un 'proceso de carnetización'. Además, manifestó preocupación por un panfleto en el que se habrían declarado objetivos militares a entidades como la Defensoría del Pueblo y la ONU, lo que podría dificultar el monitoreo de la situación en la región. Según la información conocida, los carnés servirían para 'controlar la movilidad de los habitantes, autorizar desplazamientos y establecer restricciones'. Martínez recordó que, durante elecciones anteriores, habitantes denunciaron supuestas imposiciones incluso sobre actividades cotidianas, como la distribución de alimentos, y alertó que estas acciones podrían derivar en presiones sobre el comportamiento electoral de la ciudadanía. Finalmente, llamó 'a denunciar' irregularidades a través de la plataforma “Pilas con el Voto”.

Las disidencias Farc, particularmente las lideradas por alias Calarcá, habrían extendido su presencia en Tolima a través del frente armado Joaquín González, sembrando temor entre comerciantes, ganaderos, caficultores, transportadores y campesinos 'mediante amenazas y extorsiones'. Según las autoridades, cerca de 1.000 personas de municipios como Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Ibagué y Cajamarca habrían sido víctimas de estas presiones durante el último año. Días atrás, el Ejército informaba sobre un 'golpe' contra esta estructura tras operaciones en la vereda El Paraíso, zona rural de Rovira, donde habrían sido capturados alias Esteban y alias Cristian Rubio, señalados 'cabecillas cercanos' a 'Calarcá'. Durante los enfrentamientos también habría muerto un integrante del grupo y fueron incautados cinco fusiles de largo alcance, una mini UZI, proveedores, munición y otros elementos militares. Las autoridades señalaron que “Esteban” además estaría implicado en el reclutamiento de menores 'mediante engaños y en la imposición de normas de convivencia' en zonas rurales, además de exigir pagos extorsivos 'bajo amenazas'. La Gobernación del Tolima indicó que estos cabecillas mantenían control sobre algunos corredores viales y que quienes no pagaban las extorsiones incluso eran obligados 'a abandonar sus tierras'.

En otras noticias a propósito del conflicto armado en Tolima, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las extintas Autodefensas AUC por su participación en crímenes cometidos entre 1999 y 2005 en varios municipios del departamento. Los condenados, identificados como José Cresencio Arias, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal y José Wilton Bedoya, habrían desempeñado distintos roles dentro de la estructura paramilitar. Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que los exparamilitares habrían participado en al menos 29 hechos criminales relacionados con 'homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos'. Las víctimas eran principalmente civiles señalados de supuestamente colaborar con otros grupos armados o personas que se oponían al accionar del Bloque Tolima. Entre los casos más graves documentados estaría el asesinato y desmembramiento de una mujer en San Luis en abril de 2002, además de la desaparición de su sobrino menor de edad, cuyo paradero aún se desconoce. También se registraron amenazas y desplazamientos forzados en Rovira. Los condenados recibieron penas entre 240 y 480 meses de prisión y multas de hasta 58 mil salarios mínimos mensuales, aunque se les aplicaría la pena alternativa contemplada en la Ley de Justicia y Paz. Los reportes continúan en desarrollo.

Vía: Caracol Radio • El Tiempo • Ecos del Combeima
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