🕒 Última actualización:
junio 28, 2026
Amenazas y ataques contra campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria habrían generado preocupación entre autoridades y organismos de derechos humanos, luego de que se reportaran presuntos casos de violencia e intimidación en varias regiones del país contra comunidades que recibieron tierras mediante programas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Uno de los hechos más graves habría ocurrido en la finca La Primavera, en Puerto López, Meta, donde hombres armados habrían irrumpido en la vivienda de una familia campesina beneficiaria del programa de acceso a tierras. Las víctimas, entre ellas una menor de 14 años y una mujer de 72, habrían sido 'amarradas, golpeadas y amenazadas' para que abandonaran el predio, mientras los agresores afirmaban actuar en nombre de un supuesto propietario conocido como “Salomón”. La familia haría parte de Asoregvic, organización de víctimas del conflicto reconocida por la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales. Sus integrantes habrían recibido los títulos de propiedad el 28 de mayo dentro de una entrega de tierras que habría hecho parte de una macroadjudicación de 12.643 hectáreas impulsada por la ANT en el marco de la reforma rural y la implementación del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con las denuncias, los atacantes supuestamente utilizaron 'machetes, palos y otras armas' para agredir a las víctimas, además de 'quemar pertenencias y destruir motocicletas', afectando los medios de subsistencia de la familia. Según se reportó, el caso sería atendido por la Policía, el Gaula y la Armada, mientras otras familias beneficiarias habrían manifestado temor por posibles nuevas retaliaciones. La ANT aseguró que estos hechos no corresponderían a casos aislados, sino a un patrón de violencia e intimidación dirigido contra las comunidades beneficiarias de la Reforma Agraria. La entidad afirmó que existiría una estrategia de actores criminales y particulares 'para frenar' los avances del punto uno del Acuerdo Final de Paz relacionado con la reforma rural integral. Además del caso de Meta, la ANT denunció supuestas amenazas contra campesinos de la Hacienda La Palmira, en Córdoba; intimidaciones contra integrantes del consejo comunitario Zabaletas, en Tuluá, Valle del Cauca; y amenazas contra un contratista de la entidad en Antioquia, atribuidas a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
En medio de esto, la Defensoría del Pueblo reiteró un llamado a las instituciones del Estado para adoptar una 'respuesta urgente y coordinada' frente a las amenazas y homicidios que afectarían a líderes y lideresas campesinas. La entidad habría pedido 'fortalecer planeación, articulación institucional y medidas de protección' para garantizar 'la seguridad' de las comunidades y prevenir nuevos conflictos en los procesos de entrega de tierras. La ANT también recordó que recientemente habrían sido asesinados el campesino Alfredo Vasco, en el predio La Regina, en Valle del Cauca, y la lideresa indígena Omaira Pancho, en Inzá, Cauca, hechos que evidenciarían el contexto de violencia que enfrentan comunidades rurales e indígenas en distintas zonas del país. Ante esta situación, la ANT, la Defensoría del Pueblo y diversos líderes sociales, entre ellos la senadora y excandidata presidencial Aída Quilcué (Pacto Histórico), hicieron un llamado a la Fiscalía, la Fuerza Pública y los organismos de control 'para investigar' a los responsables y garantizar la protección de las comunidades. La congresista dijo que los ataques no serían hechos aislados y que 'el miedo y el despojo' no podrían 'volver a imponerse' en el campo colombiano. El reporte está en desarrollo.
Vía: El País • La Silla Vacía • Infobae
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