🕒 Última actualización:
junio 28, 2026
El Gobierno Nacional saliente designó al exministro Alfredo Acosta Zapata como agente liquidador del Ministerio de la Igualdad, entidad que dejó de existir oficialmente el 19 de junio. El líder indígena, quien fue el último jefe de la cartera, tendría la responsabilidad de concluir las operaciones pendientes, definir la supresión de cargos y liderar el cierre administrativo de una entidad que terminó envuelta en cuestionamientos financieros y de gestión. Y es que, en paralelo, un informe de la Contraloría habría revelado 'inconsistencias graves' en el manejo de los recursos del ministerio. Durante 2025 la cartera habría contado con un presupuesto de inversión de $455.775 millones, pero la ejecución real solo habría alcanzado el 5 por ciento. Programas como acceso al agua y saneamiento en territorios marginados y Jóvenes en Paz, que concentraban cerca de $272.000 millones, habrían registrado una ejecución del 0 por ciento, mientras que la estrategia de atención a las violencias contra las mujeres apenas habría ejecutado el 0,07 por ciento.
La auditoría también habría encontrado aparentes irregularidades en las reservas presupuestales. De las 58 reservas revisadas, 38, por un valor de $324.928 millones, no cumplirían con los requisitos legales y contractuales exigidos. Para el organismo de control, parte de los recursos habrían quedado comprometidos 'sin el respaldo suficiente', generando incertidumbre sobre su destinación y ejecución. Otro de los hallazgos se relacionaría con el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad, Fonigualdad, que administraba recursos por $653.133 millones. La Contraloría habría detectado diferencias de $215.000 millones entre los ingresos reportados por el ministerio y los registrados por la fiduciaria, así como presuntas inconsistencias en rendimientos financieros y gastos ejecutados, por lo que el caso habría sido trasladado a la Contaduría General de la Nación.
El informe también habría evidenciado fallas en el control de las donaciones entregadas por la Dian, valoradas en $16.844 millones, debido a una ausencia de inventarios actualizados y de soportes que permitieran conocer el destino de parte de las mercancías. Asimismo, se cuestionaron convenios para atender a población habitante de calle que se extendían hasta 2027, a pesar de que ya se conocía que el ministerio desaparecería antes de esa fecha y que los vehículos prometidos para su ejecución nunca habrían sido entregados. Mientras avanza la liquidación, cerca de 600 funcionarios permanecen en incertidumbre laboral. El decreto de liquidación establece que el agente liquidador no podría vincular nuevo personal y deberá definir qué trabajadores acompañarían el cierre de la entidad. Varios empleados han denunciado 'falta de claridad' sobre su situación, pues técnicamente continuarían vinculados a una entidad que ya no tiene personería jurídica, mientras el gobierno entrante recibiría una cartera extinguida, con recursos cuestionados, convenios pendientes e interrogantes sobre la responsabilidad de sus antiguos directivos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • El Espectador
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