🕒 Última actualización:
junio 27, 2026
Un nescándalo se desató luego de que Noticias Caracol reportara esta semana una serie de audios de septiembre de 2022 en los que supuestamente el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sostuvo conversaciones con representantes del Clan del Golfo en el marco de los primeros acercamientos del Gobierno Nacional con ese grupo armado. Las grabaciones generaron una nueva controversia sobre la política de Paz Total y generaron reacciones del gobierno, exfuncionarios y organismos de control. Según los audios divulgados, Rueda presuntamente habría planteado la posibilidad de 'suspender bombardeos, reducir operaciones militares y retirar organismos de inteligencia' de algunas zonas como parte de un eventual proceso de sometimiento a la justicia. Según el reporte, la reunión se habría realizado el 2 de septiembre de 2022 en Urabá, pocas semanas después de la posesión del Presidente Gustavo Petro. El interlocutor habría sido Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, quien posteriormente se convirtió en vocero de los acercamientos con el Clan del Golfo. Las revelaciones habrían llevado a la Procuraduría a abrir una indagación preliminar contra Danilo Rueda, el exministro de Defensa Iván Velásquez y Jorge Lemus (exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI) por los presuntos beneficios que habrían sido ofrecidos a la organización criminal. Por su parte, Velásquez aseguró que desconocía esas conversaciones y afirmó que no tuvo participación en esos acercamientos.
En medio de la controversia, el presidente Petro negó haber ordenado la suspensión de operaciones militares contra el Clan del Golfo. A través de su cuenta en X, dijo que “jamás se han detenido operaciones militares” y que durante su gobierno únicamente habrían existido ceses al fuego pactados 'de manera temporal' con algunos grupos armados. La polémica se intensificó después de las declaraciones del general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien aseguró supuestamente haber recibido llamadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete presidencial y hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, en las que se cuestionaban algunos procedimientos policiales bajo el argumento de la política de Paz Total. Sanabria relató que una de las comunicaciones habría ocurrido tras un operativo policial y otra después de una protesta feminista en Bogotá. Según su versión, Sarabia le habría recordado que los procesos de paz no solo involucraban a grupos armados organizados, sino también 'a otros actores delincuenciales'. Sin embargo, el oficial retirado dijo que 'nunca' habría recibido una orden expresa para suspender operativos y que la Policía no habría detenido procedimientos por esas conversaciones.
En respuesta, Petro reiteró que únicamente el presidente de la República o los mandos de la Fuerza Pública podrían ordenar la suspensión de operaciones militares. Además, que nunca habría impartido una instrucción en ese sentido y que actualmente no existiría ningún cese al fuego con el Clan del Golfo, organización contra la cual, según dijo, se ha mantenido una 'línea ofensiva' durante 'todo' su gobierno. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que ni él ni su cartera habrían recibido órdenes contrarias a la Constitución o a la ley. También, que no habría recibido instrucciones presidenciales 'para favorecer' al Clan del Golfo y que, de comprobarse la autenticidad y el alcance de los ofrecimientos revelados, podrían configurarse conductas que favorezcan la acción criminal, situación que debería ser establecida por las autoridades competentes. La controversia también derivó en un enfrentamiento entre Laura Sarabia y Henry Sanabria. La exjefa de gabinete habría admitido que sí se comunicó con el entonces director de la Policía, aunque aseguró que presuntamente lo hizo únicamente por instrucción del presidente para conocer las razones del despliegue del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante una protesta en Bogotá. Además, anunció acciones legales por presunta 'injuria y calumnia' contra el oficial retirado.
A propósito de todo, esta semana se reportó la captura de Ingrid Paola Ávila Hernández, alias La Patrona y hermana de alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo. Se da en medio de la incertidumbre que rodea el proceso de diálogo entre el gobierno y esa organización armada. La mujer habría sido detenida en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia), señalada de aparentemente haber administrado 'durante más de una década' la estructura financiera del grupo y de lavar recursos provenientes del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El ministro de Defensa calificó la captura como 'un golpe directo' a las finanzas de la organización. El operativo coincidió, además, con la fecha prevista para el traslado de integrantes del Clan del Golfo a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Tierralta (Córdoba), proceso que habría sido aplazado porque el lugar aún no cumpliría las condiciones exigidas por la ley. A pesar del retraso, los negociadores del Gobierno Nacional y del grupo armado habrían ratificado 'intención' de mantener los acuerdos alcanzados en Doha (Catar) y avanzar en el empalme con el gobierno entrante. Además del escándalo reciente y las críticas al proceso de paz, la situación se da cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que no mantendría las mismas concesiones y otorgó un plazo de un mes a los grupos armados 'para someterse', mientras persisten las dudas sobre la continuidad de las ZUT y el futuro de las negociaciones con la organización criminal. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Cambio • Noticias Caracol
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