🕒 Última actualización:
junio 25, 2026
La Procuraduría General de la Nación adelantó en horas recientes dos actuaciones preventivas en Tolima relacionadas con la atención a víctimas de violencia intrafamiliar y la protesta social que se desarrolla en el municipio de Coyaima desde hace unas semanas. En una circular conjunta dirigida a alcaldes y concejales del departamento, la Procuraduría Regional de Instrucción y la Defensoría del Pueblo Regional solicitaron 'fortalecer' la Estampilla para la Justicia Familiar, en lo que pretendería 'garantizar' recursos permanentes para las Comisarías de Familia. El Ministerio Público advirtió que la falta de financiación de este mecanismo, establecido en la Ley 2126 de 2021, limitaría la capacidad operativa de las comisarías y afectaría una 'atención oportuna' a víctimas de violencia intrafamiliar, violencia basada en género y otras vulneraciones de derechos.
Por ello, las entidades solicitaron a los municipios 'reportar' el estado de implementación de la estampilla, recaudos obtenidos durante 2025 y 2026, así como gestiones adelantadas en aquellos territorios donde el mecanismo aún no habría sido adoptado o no generaría recursos. Los recursos obtenidos mediante la estampilla estarían destinados 'a fortalecer' la infraestructura, la conectividad, el talento humano y la dotación tecnológica de las Comisarías de Familia del departamento. En la otra manifestación, la Procuraduría también pidió a entidades nacionales, departamentales y municipales activar mecanismos inmediatos de diálogo y coordinación institucional 'para atender' la movilización social que se desarrolla en el municipio de Coyaima.
La intervención se habría producido luego de que la Personería Municipal informara sobre los 'bloqueos intermitentes' en la vía Panamericana, situación que habría afectado la movilidad en este corredor vial del sur de Tolima. Según el Ministerio Público, las reclamaciones de los manifestantes estarían relacionadas con 'conflictos por la tierra, procesos de adjudicación y titulación de predios', además de solicitudes de personas que se reconocerían como víctimas del conflicto armado. La Procuraduría mencionó que las autoridades deberían garantizar 'de manera simultánea' el derecho a la protesta y la libre movilidad, 'privilegiando espacios de concertación' para evitar una escalada del conflicto y ofrecer 'respuestas oportunas' a las comunidades del departamento. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: Ecos del Combeima • Uniminuto Radio
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