🕒 Última actualización:
julio 01, 2026
Las autoridades venezolanas actualizaron este miércoles, primero de julio, el balance de los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio, una semana después, elevando la cifra de fallecidos a 2.295 personas y manteniendo la alerta por miles de desaparecidos. Además, informaron que 6.461 personas habrían sido rescatadas con vida, mientras entre 13.400 y 13.500 habrían salido 'por sus propios medios' o con ayuda en las primeras horas. Según el reporte, los sismos habrían dejado 15.866 damnificados, 855 edificios dañados y 189 colapsos totales. La Guaira concentraría la mayor devastación, aunque el impacto alcanzó Caracas y otros estados del norte. Con el paso de los días, los rescates disminuyen drásticamente y organismos internacionales advierten hasta 50.000 desaparecidos aún sin ubicar. La emergencia mantendría a miles de sobrevivientes dependiendo de la ayuda humanitaria. En La Guaira se multiplicarían las filas por agua y alimentos, mientras voluntarios y organizaciones civiles organizarían abastecimiento para los afectados. Se han enviado más de 12.000 toneladas de ayuda internacional, junto con brigadas médicas, veterinarias y de rescate. Más de 3.300 rescatistas de 27 países participarían en las labores, mientras equipos sanitarios atenderían enfermedades y crisis en refugios. También se reporta atención a mascotas rescatadas y el esfuerzo por reunirlas con sus familias. Entre los países que han brindado apoyo se encuentran Estados Unidos, Colombia, México, Argentina, España, Francia, Alemania, Panamá, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Bolivia, Países Bajos y Vietnam, entre otros.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU prevería asistir a 500.000 personas en refugios y ya habrían distribuido ayuda inicial a 1.200, aunque advirtió que 50 millones de dólares solicitados no serían suficientes. Y es que la entrega de ayuda ha generado tensión política entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la oposición, que denuncia aparentes restricciones a sus campañas de recolección, mientras el gobierno defiende la centralización 'para coordinar' la emergencia. La controversia se habría agudizado con un presunto intento fallido de regreso de María Corina Machado 'para coordinar' ayuda, que ella atribuyó a 'bloqueos' del espacio aéreo y presiones sobre aerolíneas, mientras el gobierno negó irregularidades. Un reporte de The Wall Street Journal (WSJ) señaló además que el Gobierno de EEUU supuestamente habría pedido cancelar su viaje 'para evitar' tensiones diplomáticas y 'preservar' la cooperación bilateral. En terreno, sobrevivientes siguen cuestionando la respuesta oficial y aseguran mayor apoyo de voluntarios y equipos extranjeros que del Estado. Denuncian presuntas 'demoras en rescates, falta de maquinaria y retrasos' en la recuperación de cuerpos, lo que habría incrementado un malestar en las zonas afectadas. La crisis también habría golpeado el sistema de salud. Clínicas privadas atenderían gratis a los afectados, mientras hospitales públicos estarían saturados. Familias denuncian 'retrasos' en la entrega de cuerpos, algunos en descomposición, por el colapso de morgues y una falta de capacidad forense.
Los rescates continuaban en estructuras colapsadas, aunque con menor frecuencia de hallazgos con vida. Algunos casos han requerido más de 50 o 60 horas de trabajo continuo para intentar salvar sobrevivientes atrapados entre escombros. También se han reportado irregularidades, incluyendo la detención de policías acusados de aparentemente robar pertenencias en zonas de desastre, lo que habria aumentado una desconfianza en el manejo de la emergencia. La respuesta internacional seguiría ampliándose, con alertas contra fraudes en donaciones por parte de EEUU, mientras la ONU coordinaría la asistencia alimentaria. México habría enviado plantas eléctricas de emergencia y preparaba más envíos de insumos junto con brigadas de rescate. En el plano político, analistas señalan que tanto el oficialismo como la oposición supuestamente intentan 'capitalizar' la crisis. Según reportes, el gobierno pretendería 'proyectar control' mediante la gestión de la ayuda, mientras la oposición denuncia supuestas 'fallas estructurales y limitaciones estatales'. Con la emergencia aún activa, la reconstrucción y atención de los damnificados se perfilarían como el principal reto. La magnitud de la tragedia, un alto número de desaparecidos y una dependencia de ayuda internacional mantendrían al país en una situación crítica. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • EFE • El Espectador • Noticias Telemundo • AP
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