🕒 Última actualización:
junio 11, 2026
Un escándalo escaló ayer cuando la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico), presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, radicó un auto en el que ordenaba la suspensión provisional del Presidente Gustavo Petro (de su mismo partido político) hasta el 21 de junio por una 'presunta y reiterada' participación en política durante la campaña electoral. La medida fue considerada inédita en la historia reciente del país y generó una amplia controversia jurídica y política. La decisión fue cuestionada porque la Comisión de Acusación no tendría competencia para suspenderlo. La Constitución establecería que ese tipo de sanciones solo podrían ser adoptadas por el Senado, luego de un proceso que debe pasar primero por la Comisión y posteriormente por la plenaria de la Cámara de Representantes. Diversos expertos calificaron la actuación como 'inviable e inconstitucional'. Ante las críticas, Arizabaleta modificó su postura pocas horas después. En un segundo documento dejó de ordenar directamente la suspensión y pidió que el asunto fuera 'evaluado' por la Comisión de Acusación y remitido al presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), para que se pronunciara. Ante esto, el ministro del Interior Armando Benedetti sostuvo que una sola representante no podría suspender al Presidente y que la Comisión solo cumpliría funciones de investigación. Petro denunció una presunta vulneración de su fuero e incluso habló de un supuesto intento de extorsión política de Arizabaleta, mientras que Lidio García calificó la iniciativa como 'abiertamente ilegal e inconstitucional'.
Hoy, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Arizabaleta y ordenó su suspensión provisional del cargo hasta el 20 de julio, fecha en la que concluye el periodo para el que fue elegida. La Sala Disciplinaria de Instrucción consideró que la congresista supuestamente habría incurrido en una 'falta gravísima' al ordenar la suspensión sin tener facultades legales para hacerlo y que los hechos podrían constituir un presunto 'delito de prevaricato por acción'. La Procuraduría argumentó además que existían motivos para apartarla al considerar que su permanencia podría facilitar la 'reiteración' de la conducta investigada (Arizabaleta también justificó la orden contra Petro por la posibilidad de reiteración). Paralelamente, sectores de la oposición, entre ellos el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), interpretaron el episodio como una presunta 'maniobra política' favorable al candidato Iván Cepeda, en medio de la campaña presidencial, aunque voces del Pacto Histórico dicen que Arizabaleta supuestamente se encuentra 'distanciada' del Gobierno Nacional. Horas después, Petro acusó a Arizabaleta de actuar aparentemente con ayuda de un conjuez del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se dio después de que el periodista Daniel Coronell dijera que el conjuez Hollman Ibáñez sería abogado de Arizabaleta y que habría sido socio de De la Espriella y participado en uba decisión que excluyó a Cepeda de la consulta presidencial de marzo (para mayor contexto, consultar en el blog).
Petro aseguró que Ibáñez supuestamente asesoró a la congresista en una iniciativa 'para desconocer' el 'voto popular' que lo llevó a la Presidencia en 2022. Además, afirmaba horas atrás que la representante le habría realizado peticiones al gobierno que se negó a conceder y que pediría a sus ministros 'declarar' ante la Corte Suprema sobre las solicitudes que presuntamente habrían recibido. Hace unos minutos, la alta corte le ordenó al presidente rendir una declaración juramentada mediante un cuestionario escrito para ampliar la denuncia que presentó por la presunta extorsión. La decisión fue adoptada por el magistrado Misael Rodríguez. Y es que, horas después del escándalo, también se reportó que la Comisión de Investigación y Acusación también abrió una investigación previa contra Petro por una denuncia relacionada con la compra de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab, un contrato superior a los $16 billones anunciado por el gobierno el año pasado (para mayor contexto, consultar en el blog). En este caso, también Arizabaleta ordenó 'recopilar pruebas, solicitar documentación al Ministerio de Defensa, pedir información a la Procuraduría y la Contraloría, y citar a declaración jurada' al ministro de Defensa Pedro Sánchez. Además, compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a la primera dama Verónica Alcocer por estos mismos hechos. La etapa preliminar pretendería establecer si existen méritos suficientes para avanzar en una investigación formal.
Todo coincidió con la visita de Petro a ERUU para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU (en ese escenario Petro también se pronunció sobre los hechos). Allí también se conoció que una reunión privada que tenía prevista con Zohran Mamdani (alcalde de Nueva York) no se llevó a cabo. Según The Washington Post, funcionarios de la administración del Presidente Donald Trump habrían advertido al gobierno colombiano que el encuentro era 'inaceptable' y podría 'exceder' las condiciones especiales que permiten a Petro ingresar al país para actividades relacionadas con la ONU. Según medios, Petro buscaba 'fortalecer' vínculos con sectores progresistas estadounidenses y proyectar indirectamente la candidatura de Cepeda, en contrarresto del respaldo que Trump ha expresado al candidato De la Espriella. Precisamente, Petro respondió ayer al apoyo de Trump hacia De la Espriella. Petro le solicitó 'no intervenir' en la campaña electoral y dijo que la Constitución colombiana prohibiría 'apoyos y recursos extranjeros' 'destinados a influir' en los procesos electorales. Además, que las relaciones entre ambos países deberían construirse sobre 'acuerdos permanentes' y no sobre 'afinidades ideológicas pasajeras'. Y es que, casi en simultáneo, Trump reiteró en sus red social que, si De la Espriella gana la Presidencia de Colombia, contaría con “el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”. Trump volvió a decir que compartiria con él principios relacionados con 'la democracia, la libertad y la institucionalidad'. Mientras una creciente polarización política en Colombia y tensiones diplomáticas entre Bogota y Washington parecen reaparecer, el reporte continúa en constante desarrollo.
Vía: El Tiempo • Noticias RCN • Infobae • El País • NTN24 • Revista Cambio • The Washington Post
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