🕒 Última actualización:
junio 10, 2026
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cish) ordenó al Estado venezolano cerrar 'en un plazo de 18 meses' el centro de detención El Helicoide, al considerar que en ese lugar se han registrado 'violaciones graves' a los derechos humanos, incluidas 'torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes' contra personas privadas de la libertad. La decisión fue emitida en el marco del caso del estudiante Jorge Rojas, quien fue detenido en septiembre de 2003 durante una protesta contra el entonces Presidente Hugo Chávez en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas. El tribunal concluyó que el Estado venezolano 'vulneró' varios de sus derechos fundamentales. La Corte también ordenó que el traslado de los detenidos actualmente recluidos en El Helicoide se realice bajo los estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 'garantizando la integridad personal, la libertad y el debido proceso'.
En la sentencia, el organismo internacional señaló que múltiples instituciones y organismos de monitoreo habrían documentado que en ese centro de detención se han cometido 'torturas, detenciones arbitrarias y otros abusos sistemáticos' contra los reclusos. Asimismo, la Corte indicó que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, habría identificado 'numerosos casos' de personas sometidas a torturas y malos tratos dentro de El Helicoide, atribuidos a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Además de ordenar el cierre del penal, el tribunal declaró responsable al Estado venezolano por 'restringir la participación política y la libertad de expresión' de Jorge Rojas, y concluyó que los actos de tortura sufridos durante su detención ocurrieron 'en un contexto de impunidad' frente a 'violaciones generalizadas' de derechos humanos en ese centro de reclusión.
Aunque el gobierno venezolano anunció a finales de enero el cierre de El Helicoide y su transformación en un xespacio social, cultural y deportivo' tras la intervención estadounidense que capturó al considerado dictador Nicolás Maduro, organizaciones de derechos humanos señalaron que la medida no se habría concretado 'de manera plena' y que personas privadas de la libertad continuaban recluidas en el lugar meses después. A comienzos de junio, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón dijo que al menos 25 presos políticos seguían detenidos en El Helicoide, por lo que consideró que el centro 'no podía darse por cerrado' mientras continuara funcionando como lugar de reclusión. A inicios de este mes, las autoridades venezolanas iniciaron un traslado de presos que permanecían en El Helicoide hacia otros centros penitenciarios del país, entre ellos Rodeo I, Yare, Tocuyito, La Planta, el Inof y Las Crisálidas. La medida generó protestas de familiares y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron 'falta de información' sobre el paradero de algunos reclusos y que mover a los detenidos a otras cárceles 'no resuelve' las denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • EFE • SWI • Efecto Cocuyo • NTN24 • El País
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