🕒 Última actualización:
junio 03, 2026
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en un contrato para el suministro de alimentos destinados a los animales del Centro de Atención y Protección Animal (Capa). El contrato, firmado en junio de 2024, tenía un valor cercano a los $73 millones. Junto a la mandataria también fueron imputados Johana Carolina Veloza, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga. De acuerdo con la investigación, Aranda supuestamente habría delegado el ordenamiento del gasto en Amaya Márquez y habría dado instrucciones para adjudicar el contrato a la empresa Servicios Empresariales SKY SAS, encargada de prestar servicios de aseo para la alcaldía y varias instituciones educativas de la ciudad.
La Fiscalía señaló que la empresa seleccionada no tendría relación con el objeto contractual 'ni experiencia' en el suministro de alimentos para perros y gatos. Además, que el proceso de contratación presuntamente se habría adelantado 'sin garantizar la pluralidad' de oferentes. Según el ente acusador, Veloza, Soto Salas y Amaya Márquez habrían llevado a cabo el contrato 'a pesar de conocer' las limitaciones de la empresa adjudicataria y su 'falta de experiencia' en el sector requerido. La investigación también habría establecido que presuntamente fueron elaborados estudios con 'precios alejados de las condiciones reales del mercado' y que se habrían solicitado cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el eventual beneficiario del contrato.
Asimismo, la Fiscalía advirtió que los representantes legales de las empresas consultadas tendrían supuestamente 'vínculos de parentesco', una situación que habría afectado la transparencia y la competencia dentro del proceso contractual. Por su parte, Ernesto Alfonso Quiroga habría permitido el direccionamiento del contrato a su favor y obtenido cerca de $34,9 millones en sobrecostos durante la ejecución del negocio jurídico, según los hallazgos de la investigación. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los cinco procesados los delitos de 'interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado (malversación...) por apropiación en favor de terceros'. Según el reporte, ninguno de los implicados aceptó los cargos durante la diligencia judicial.
Luego de la imputación de cargos, la mandataria dijo que sería 'inocente', que siempre habría actuado 'dentro de la ley' y que tendría 'la conciencia tranquila'. Además, que claboraría con la justicia, ejercerá su derecho a la defensa y que la imputación 'no representa una condena'. También, afirmó que continuaría al frente de sus funciones como alcaldesa, y que confiaría que el proceso llevaría a demostrar que sus actuaciones 'fueron correctas'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Caracol Radio • Noticias RCN • Ondas de Ibagué
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