🕒 Última actualización:
junio 07, 2026
El caso de Mia Kathaleya, la bebé de seis meses que murió el 27 de mayo tras ser trasladada desde el Hospital San Rafael de El Espinal (Tolima) a una clínica de Ibagué, volvió a generar controversia luego de que un dictamen preliminar de Medicina Legal descartara un presunto abuso sexual, hipótesis que inicialmente conmocionó al país. La nueva información ha despertado dudas debido a que durante los primeros días se habló de posibles signos compatibles con violencia física y sexual. Según se conoció y reportó El Irreverente, las historias clínicas elaboradas tanto en el Hospital San Rafael como en la clínica donde fue atendida la menor coincidirían en varios hallazgos médicos. En total, ocho profesionales de la salud, entre médicos generales y especialistas, habrían identificado señales que habrían llevado a activar una ruta de protección para posibles casos de violencia contra menores.
La gerente del Hospital San Rafael, Paula Góngora, habría dicho que la institución habría actuado 'conforme a los protocolos legales y médicos vigentes'. Además, que el hospital nunca habría asegurado que hubiera existido abuso sexual, sino que, ante la sospecha, 'estaba obligado' a activar la ruta de atención. También, que cuatro médicos, incluidos dos especialistas 'con amplia experiencia', habrían dejado constancia de sus observaciones en la historia clínica y ordenado la activación del llamado “código blanco” (un protocolo que se activa ante sospechas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, como maltrato, negligencia o abuso sexual). Góngora defendió además el procedimiento realizado por el centro asistencial y mencionó que la prioridad habría sido 'estabilizar' a la menor para remitirla a un hospital de mayor complejidad. Añadió que la historia clínica y demás pruebas permanecían bajo custodia de la Fiscalía, por lo que no podía entregar detalles específicos sobre las lesiones observadas durante la atención. Mientras avanzaba la investigación, la Fiscalía capturó a la madre de la bebé y le imputó el delito de 'homicidio agravado por comisión por omisión en dolo eventual', al considerar que habría incumplido 'su deber de protección y cuidado'. Por su parte, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, pidió 'prudencia' frente al dictamen de Medicina Legal y aseguró que desconocería el contenido completo del informe forense, así como los detalles sobre las supuestas fracturas mencionadas inicialmente.
El caso sigue rodeado de interrogantes sobre qué observaron exactamente los ocho médicos que atendieron a la menor y por qué existirían aparentes diferencias entre esas valoraciones clínicas y los hallazgos preliminares de Medicina Legal. Las respuestas permanecerían bajo reserva mientras continuarían las actuaciones judiciales y forenses. La situación ha reavivado además el recuerdo del caso de Sara, una menor de Armero que fue víctima de abuso y maltrato en circunstancias que nunca habrían quedado completamente esclarecidas. Durante años, familiares y habitantes de la región cuestionaron el desarrollo de la investigación y una 'falta de respuestas definitivas' sobre la responsabilidad de los presuntos implicados, lo que habría dejado una compleja sensación de 'impunidad'. Por ello, para muchos ciudadanos el caso de Mia Kathaleya volvería a despertar preocupaciones sobre expedientes 'rodeados de hermetismo, versiones contradictorias y preguntas' que seguirían sin una respuesta clara por parte de las autoridades. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Irreverente
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