🕒 Última actualización:
julio 03, 2026
El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, respondió al presidente electo Abelardo De la Espriella manifestando 'disposición' a someterse a la justicia, a pesar de que este último ha descartado negociar con grupos armados. En una carta, la organización afirmó que el proceso debería entenderse como un 'acuerdo' con el Estado y la sociedad, y no con un gobierno de turno. El grupo aseguró que el actual marco jurídico no ofrecería garantías suficientes para un sometimiento colectivo, citando como ejemplo la lentitud del proceso de las antiguas AUC (Autodefensas). Por ello, solicitó 'seguridad jurídica y personal' para sus integrantes, 'garantías' para las comunidades de sus zonas de influencia, una ley que regule el proceso de verdad, reparación y no repetición, y la participación de Estados Unidos, Reino Unido, España, Noruega, Suiza y Catar como acompañantes del proceso. Y es que, del mismo grupo, el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez anunciaba la suspensión temporal, entre el 10 de julio y el 10 de octubre, del cobro del llamado "impuesto de guerra" al comercio urbano en más de 50 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. La organización calificó la medida como 'gesto de buena voluntad' hacia el nuevo gobierno y los países mediadores, aunque no aclaró si la suspensión sería definitiva o dependerá del avance del proceso de sometimiento.
A propósito, poco después se reportaba que el Presidente Gustavo Petro reactivaba mediante decreto la orden de captura con fines de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, al considerar que el grupo 'no actuó con sinceridad' durante los acercamientos con el Gobierno Nacional. El mandatario aseguró que, si es capturado, debería ser extraditado 'de inmediato'. Petro defendió su modelo de diálogos sociojurídicos con otros grupos armados y que continuaría apostándole a esa estrategia, aunque admitió que el proceso con el Clan del Golfo habría fracasado. También atribuyó parte de las dificultades a una aparente falta de respaldo de la Fiscalía y defendió la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, asegurando que sus resultados habrían sido certificados por la ONU. La decisión se produjo luego de varios incumplimientos del Clan del Golfo en el proceso de paz, entre ellos la no concentración de sus integrantes en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) previstas en Córdoba y Chocó. Con la extradición de alias Chiquito Malo nuevamente activa y el aplazamiento indefinido de esas zonas, el futuro del proceso quedaría en manos de De la Espriella, quien ha reiterado que no continuaría con la política de paz total y dio a los grupos armados 'un mes para someterse' a la justicia.
En otras noticias, el Consejo de Estado suspendió de forma provisional la Resolución 064 de 2024, con la que el Gobierno Nacional había autorizado la instalación de una mesa de diálogos de paz con la Segunda Marquetalia, disidencia Farc liderada por alias Iván Márquez. La decisión, adoptada tras una demanda de la Fundación para el Estado de Derecho, señala que negociar políticamente con un grupo reincidente desconocería las garantías y el derecho de las víctimas 'a la no repetición', por lo que esa estructura debería ser considerada una Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto (Eaocai) y no un Grupo Armado Organizado (GAO). Tras el fallo, la delegación del gobierno mencionó que desde noviembre de 2024 no mantendría 'ningún contacto ni negociación' con la Segunda Marquetalia y que el proceso vigente se desarrollaría 'de manera exclusiva' con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), disidencia liderada por alias “Walter Mendoza”, formalizada mediante la Resolución 202 de 2025, la cual no ha sido suspendida por la justicia. Además, que la ZUT creada en Putumayo mediante la Resolución 053 de 2026 sigue vigente, ya había recibido a 99 integrantes del grupo tras la dejación de armas y no estaría cobijada por la decisión del Consejo de Estado.
Y como todo se da a poco del cambio de Gobierno Nacional, a propósito del tema, el presidente electo De la Espriella desató hoy una nueva y amplia controversia tras afirmar durante un acto con su equipo de empalme que "aquí vamos a pagar todos el servicio militar para sacar este país adelante". La declaración habría generado amplias reacciones en redes sociales, donde algunos habrían interpretado sus palabras como un posible anuncio de un servicio militar obligatorio para toda la población. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún proyecto de ley, decreto o propuesta oficial presentada por el presidente electo o su equipo que plantee modificar el actual modelo de servicio militar. Algunos sectores señalaron que la frase haría parte de un 'discurso simbólico' que De la Espriella ha utilizado anteriormente para expresar su compromiso con el país, más que un anuncio de política pública. Actualmente, el servicio militar en Colombia continúa regulado por la Ley 1861 de 2017, que mantiene su carácter obligatorio con exenciones y reconoce la objeción de conciencia. Cualquier cambio al sistema requeriría una reforma legal, por lo que, por ahora, las normas vigentes permanecerían sin modificaciones. La controversia persiste. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • Noticias RCN • La Silla Vacía
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