🕒 Última actualización:
julio 05, 2026
Hace unos días se reportó la salida de Martha Carvajalino del Ministerio de Agricultura, y se produce en medio de un nuevo debate sobre los resultados de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno Nacional, una de las principales políticas que la funcionaria defendió durante su gestión. Carvajalino dejará el cargo al vencer la comisión administrativa que le permitió ejercer como ministra y el 9 de julio debería reincorporarse a su cargo de carrera en la Procuraduría General de la Nación, al que accedió mediante concurso de méritos en 2016. A través de sus redes sociales, Carvajalino explicó que su permanencia en el Ministerio no podría extenderse por tratarse de una 'comisión improrrogable'. Añadió que su gestión habría estado guiada por 'el rigor, transparencia y justicia' para el sector agropecuario, habló de sus más de 16 años de servicio público y reveló que integraría la lista de elegibles de la Rama Judicial para aspirar a un cargo como jueza o magistrada. También dijo agradecer al Presidente Gustavo Petro, al movimiento agrario, a las organizaciones campesinas, étnicas y populares y al equipo del Ministerio de Agricultura, asegurando que dejaría el cargo con la "dignidad del deber cumplido", a pocas semanas del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto.
Pero el anuncio de su salida coincide con una controversia que ha marcado el cierre del Gobierno Nacional: las cifras y el alcance real de la Reforma Agraria. La exministra de Agricultura de este gobierno Cecilia López afirmó que se estaría contabilizando como entregadas tierras que aún no contarían con el registro que consolidaría jurídicamente la propiedad. Según ella, recibir un predio no equivaldrúa a ser legalmente propietario si el proceso de escrituración no ha concluido. López sostiene que, aunque el gobierno habría adquirido cerca de 400.000 hectáreas para la reforma, solo una parte habría completado el trámite de formalización. En su concepto, unas 22.000 familias campesinas habrían recibido predios 'sin escritura registrada', lo que podría dejarlas expuestas a futuras disputas sobre la propiedad de la tierra. Y es que las críticas apuntaban directamente a la gestión que encabezó Carvajalino durante los últimos meses al frente de la cartera. Al responder, la ministra saliente ha negado esas afirmaciones al sostener que la política agraria comprendería distintas etapas, como la compra de predios, adjudicación, formalización y saneamiento de la propiedad rural, procesos que requerirían 'tiempos diferentes'. Para Carvajalino, reducir el avance de la reforma únicamente al registro inmediato de las escrituras supuestamente desconocería 'la complejidad jurídica y administrativa' del programa.
A las diferencias entre el Gobierno y la exministra también se han sumado dirigentes gremiales y analistas. José Félix Lafaurie dijo que el acuerdo inicial entre el gobierno y los ganaderos contemplaba la compra de tres millones de hectáreas, pero que finalmente solo se habrían adquirido cerca de 24.000. Aunque dijo 'respaldar' la necesidad de la reforma, advirtió que entregar tierras sin proyectos productivos ni acompañamiento estatal presuntamente podría terminar afectando a los propios beneficiarios. Por su parte, el economista Aurelio Suárez cuestionó la forma en que el Ejecutivo presenta los resultados de la política de tierras. Según su análisis, las cifras de compra de predios no necesariamente reflejarían entregas efectivas ni propiedad consolidada, mientras persisten retrasos en la formalización y limitaciones en la capacidad institucional para cumplir las metas fijadas. En paralelo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) había denunciado amenazas contra campesinos beneficiarios de la reforma en regiones como Magdalena Medio, Meta y Córdoba, al advertir que grupos armados ilegales estarían intimidando a familias que recibieron predios, situación que pondría en riesgo la permanencia de los nuevos adjudicatarios y la implementación de la política de tierras.
Y hablando de todo, al tema se sumó una nueva controversia. La Contraloría General cuestionó la gestión de la ANT al advertir que en 2025 habría pagado cerca de $1 billón por 537 predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sin que se hubiera perfeccionado la transferencia jurídica de la propiedad. Según la auditoría, solo tres de esos predios contarían con escritura a nombre de la Nación, aunque más de 300 ya habrían sido entregados a campesinos dentro de la Reforma Agraria. Para el organismo de control, esta situación representarúa un hallazgo administrativo y generaría 'riesgos de reclamaciones, medidas cautelares y afectaciones' a la seguridad jurídica del patrimonio público y de los beneficiarios.
La ANT dijo rechazar las conclusiones de la Contraloría y aseguró que el convenio con la SAE tendría plena validez jurídica, pues la compra se habría realizado bajo la figura de la enajenación temprana y el proceso de escrituración aún estaría en ejecución. Su director, Juan Felipe Harman, afirmó que no existiría riesgo de pérdida de los recursos ni de devolución de los predios por parte de los campesinos, y señaló que la entidad esperaría dejar escriturado al menos el 60% de los inmuebles adquiridos antes de finalizar el gobierno. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • La Razón
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