🕒 Última actualización:
julio 03, 2026
La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) impuso multas por más de $457 millones a la Alcaldía de Purificación y a la Empresa de Servicios Públicos del municipio (Purifica ESP) por presuntamente continuar depositando residuos en una celda del basurero local que había sido clausurada por la autoridad ambiental. De acuerdo con la Resolución 635 del 9 de junio de 2026, la alcaldía debería pagar una sanción de $281,1 millones, mientras que Purifica ESP habría sido multada con $175,7 millones, tras comprobarse el incumplimiento de medidas ambientales ordenadas por la corporación. La celda, ubicada en la vereda Hilarco, en el predio Finca Arizona, habría sido cerrada mediante un auto emitido en junio de 2024 y la decisión habría sido ratificada en noviembre del mismo año. Sin embargo, durante una inspección realizada en agosto de 2025, funcionarios de Cortolima habrían evidenciado que seguirían siendo depositados residuos sólidos en ese lugar.
Según el reporte, la autoridad ambiental concluyó que el municipio y la empresa de servicios públicos habrían incumplido de manera reiterada la orden de suspensión, manteniendo la disposición final de basuras en una zona que representaba riesgos de contaminación para el sector rural de Purificación. Frente a la decisión, el gerente de Purifica ESP, Óscar Javier Ortiz, anunció que presentarían un recurso de reposición o apelación. Explicó que la empresa habría continuado utilizando la celda debido a que otros rellenos sanitarios de Tolima, Neiva e Ibagué supuestamente rechazaron recibir los residuos y que, además, Cortolima habría negado las solicitudes de prórroga y de declaratoria de emergencia sanitaria. Ortiz calificó la sanción como 'desproporcionada' y aseguró que buscarían revertirla o reducir su impacto. También dijo rechazar que el uso de la celda sellada hubiera generado contaminación en la quebrada Gualejo, afirmando que esta se encontraría a unos tres kilómetros del sitio donde habrían sido dispuestos los residuos.
En un caso distinto, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Natagaima, David Mauricio Andrade Ramírez, por el presunto incumplimiento de obligaciones ambientales relacionadas con el plan de abandono, cierre, clausura y posclausura del antiguo botadero a cielo abierto ubicado en la vereda San Miguel de ese municipio. Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral, el entonces mandatario debía 'garantizar el cumplimiento' de las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental, adoptar 'medidas necesarias' para asegurar una 'adecuada gestión' de los residuos sólidos y ejecutar las acciones exigidas también por Cortolima. Por estos hechos, la conducta fue calificada de manera provisional como una presunta 'falta gravísima cometida a título de culpa gravísima'. El organismo de control aclaró que la formulación del pliego de cargos no constituiría una decisión definitiva ni implicaría un juicio de responsabilidad disciplinaria. Se trataría de una etapa del proceso en la que el exalcalde podría ejercer 'de manera plena' su derecho de defensa y contradicción antes de que la Procuraduría adopte una decisión de fondo sobre el caso. Los reportes están en desarrollo.
Vía: Procuraduría • Caracol Radio
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