🕒 Última actualización:
noviembre 06, 2024
Un informe de auditoría de la Contraloría de Ibagué ha reportado presuntas irregularidades en los desembolsos de los recursos de empréstitos (préstamos) para el plan de gobierno de la administración local, mostrando un detrimento patrimonial que sería de $30.997 millones. Según el informe, en dos cuentas bancarias para el manejo de los fondos de empréstitos se habrían consignado montos superiores a los desembolsos registrados. En una de ellas se reportaron consignaciones por $60.083 millones, mientras que en otra se consignaron $60.108 millones; un total de $120.191 millones. Al comparar estos valores con los desembolsos de empréstitos, que ascendían a $89.194 millones, se encontró un excedente de $30.997 millones que no habría sido justificado.
El informe también señala, entre otras cosas, presuntas inconsistencias en los recursos de balance correspondientes a la vigencia 2022 incorporados en 2023. Se observó un saldo bancario de $13.326 millones, mientras que la incorporación y legalización para el año 2023 registró un saldo total de $136.661 millones, lo que supondría un mayor valor incorporado de $123.335 millones, cifra que no se corresponde con los fondos disponibles en bancos al cierre de 2022. Además, un análisis de la ejecución presupuestal de ingresos a diciembre de 2023 muestra una presunta inconsistencia correspondiente a los recursos de crédito interno, que concluye advirtiendo un menor valor incorporado y legalizado en los ingresos del presupuesto de la administración central para la vigencia 2023, con una diferencia de $10.000 millones. Este faltante en los ingresos, indica el ente de control, se debería a la ausencia de un control y seguimiento efectivo en la administración de los recursos provenientes de empréstitos.
También, la Contraloría emitió una observación administrativa en la que señala presuntas inconsistencias en la información suministrada por la Secretaría de Hacienda sobre el impuesto predial unificado (IPU) para la vigencia 2023. Durante una mesa de trabajo realizada el 20 de agosto de este año, la Secretaría de Hacienda indicó que, debido a limitaciones en el software REALSIT, la facturación del predial se realizó de manera manual. El ente dijo, entre otras cosas, que estas inconsistencias podrían representar un detrimento patrimonial para Ibagué al haber invertido en un sistema que presenta deficiencias.
