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agosto 05, 2025
Un conflicto en el sur de Bolívar, que persiste, habría escalado en medio de una disputa por el control de la minería ilegal de oro en la Serranía de San Lucas. Grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias Farc y el Clan del Golfo se enfrentan para controlar esta riqueza natural. Como consecuencia, más de 7.000 personas se encontrarían confinadas en zonas rurales de Santa Rosa del Sur y Montecristo, sin acceso a alimentos, educación ni servicios básicos. A propósito de esto, Caracol Radio reportaba hoy que comunidades campesinas de y mineras de Santa rosa se habrían reunido con grupos ilegales, con apoyo de la Iglesia Católica, para acordar el acceso limitado de víveres una vez por semana y el traslado de enfermos, mientras persiste la restricción de movilidad. El conflicto se habría intensificado por el comercio del oro que, a diferencia de la coca, se podría vender sin mayores restricciones en mercados internacionales.
La situación habría obligado a cientos de familias a desplazarse, aunque muchas no habrían sido contabilizadas por evitar represalias o porque no habrían podido salir debido al paro armado. Los docentes han abandonado las zonas por falta de seguridad y alimento, y más de 1.700 estudiantes no podrían acceder a clases. A todo se suma el secuestro del líder social Luis Eduardo Bohórquez por parte del ELN, que lo habría sometido a un “juicio político”. A pesar de las capturas de varios cabecillas, las estructuras criminales se reorganizarían y continuarían operando con rapidez, además de armamento que se considera sofisticado. En respuesta a la situación, se reportó que el Ejército Nacional ha desplegado diez nuevos pelotones (unos 300 soldados) y anunció el envío de más de 500 militares que serían para reforzar la Fuerza de Despliegue Rápido No. 9. El objetivo sería asegurar la vía entre Santa Rosa y La Marizosa y enfrentar directamente a cabecillas del Clan del Golfo y el ELN, entre ellos alias Omar, Ernesto y Harold por un lado, y alias Jefferson, Bejuco y Piña por el otro. Las autoridades han asegurado que la minería ilegal no sería el único factor, ya que la región también sería estratégica con la economía cocalera.
El uso de drones bomba, minas antipersonales y fusiles habría complejizado la situación, con ataques dirigidos contra las fuerzas armadas y la población civil. El sur de Bolívar tendría amplio minado. El alcalde de Simití denunció que también habrían puesto minas cerca de escuelas. Además, los ataques con drones habrían causado la muerte de soldados y daños considerables a caravanas militares. Expertos han mencionado que se trataría de un conflicto que data desde 2022. El Gobierno Nacional, a través del ministro de Defensa Pedro Sánchez, ha reconocido un fortalecimiento de los grupos armados en esta y otras zonas como Catatumbo, Cauca y Guaviare. Desde la Gobernación de Bolívar se ha solicitado una intervención 'más contundente', en especial al Departamento de Control de Armas y Explosivos, al que acusan de presunta corrupción y de no ejercer 'control real' sobre el flujo de armas y explosivos en acción. Este martes, 5 de agosto, se reportó que tres soldados del Ejército Nacional habríam muerto y otros tres habrían resultado heridos tras un ataque del ELN en la vereda El Moral, en Chita, Boyacá. Habrían sido atacados con explosivos y ráfagas de fusil por el Frente Adonay de ese grupo armado. Las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los responsables. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Tiempo • Revista Semana • Caracol Radio • El Universal
