🕒 Última actualización:
agosto 13, 2025
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó una Ley de Amnistía que beneficiaría a militares, policías y miembros de comités de autodefensa involucrados en violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno. La norma se aplicaría a quienes no hayan sido sentenciados y permitiría excarcelar a condenados mayores de 70 años. El gobierno la presenta como 'reconocimiento al sacrificio' de las fuerzas de seguridad contra el terrorismo, pero organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expertos de la ONU han advertido que favorecería 'la impunidad' en crímenes graves.
Aprobada por la Comisión Permanente del Congreso con 16 votos a favor, la ley ha generado rechazo de organizaciones de derechos humanos, que sostienen que vulneraría compromisos internacionales de Perú y 'desvirtuaría' el derecho penal al 'vaciarlo de contenido'. En especial, han recordafo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habría ordenado el 24 de julio detener su trámite y, en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla 'mientras se evalúan sus efectos' sobre los derechos de las víctimas. El gobierno no atendió a las advertencias, lo que podría derivar en conflictos jurídicos y sanciones internacionales. Las críticas también se apoyan en antecedentes como las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, consideradas crímenes de lesa humanidad, que podrían quedar 'sin sanción efectiva'. Para los detractores, la norma presuntamente blinda a responsables bajo un discurso de reconciliación nacional que 'reescribe' la memoria histórica y 'desconoce' el sufrimiento de miles de víctimas del conflicto. Por su parte, Boluarte rechazó las acusaciones, diciendo que “nadie puede insinuar a los agentes del Estado subvertir las leyes”, y exigiendo respeto hacia su gestión.
La promulgación de la ley se produce en un clima de alta tensión política interna. En su informe ante el Congreso a finales de julio, Boluarte fue interrumpida por congresistas de izquierda que le cuestionaron las muertes en la llamada 'represión' de las protestas tras la destitución de Pedro Castillo. La mandataria argumentó que su gobierno habría iniciado en medio de una convulsión política y pérdidas económicas, pero la oposición insiste en que deberúa 'responder judicialmente' por las víctimas, manteniéndose una investigación en su contra. Boluarte enfrenta récords de impopularidad y concluirá su mandato en julio de 2026.
Vía: TeleSUR • DW • AFP • EFE
