🕒 Última actualización:
agosto 13, 2025
El Tribunal de Apelaciones de Washington decidió que solo el Congreso de Estados Unidos puede demandar a la administración del Presidente Donald Trump para revertir los recortes presupuestales a programas internacionales, lo que también limitaría la posibilidad de que entidades sin contratos con el gobierno federal impugnen (apelen...) sus decisiones. La votación fue de dos a uno y fortalecería el poder del Ejecutivo para decidir sobre el gasto de fondos ya asignados.
Con esta decisión, el gobierno quedó facultada para negarse a ejecutar partidas presupuestadas, lo que impactaría recursos como los casi 4 mil millones de dólares para salud global y más de 6 mil millones para programas contra el VIH, originalmente destinados por el Congreso para ser ejecutados por el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés). El Tribunal indicó que este año el gobierno ya ha desembolsado casi todo lo correspondiente a contratos vigentes. La medida tiene relevancia particular para Colombia, donde Usaid ha tenido amplia presencia por décadas. Solo en el actual Gobierno Nacional, la agencia habría transferido 1.727 millones de dólares, equivalentes al 8,5% del presupuesto de inversión de 2023. Colombia duplicaba a países como México en recepción de ayuda, con este último recibiendo 577 millones de dólares en el mismo periodo.
Usaid habría sido el principal financiador de programas sociales en Colombia. Sin embargo, el Gobierno de EEUU anunció la cancelación del 83% de los contratos de ayuda exterior, lo que ha implicado que más de 60 convenios en el país quedaran sin efecto. Entre ellos se encontrarían proyectos de asistencia alimentaria de emergencia, apoyo a la aviación policial, asistencia humanitaria y fortalecimiento de derechos de tenencia de tierras. La decisión judicial se enmarca en una política de reducción de ayuda internacional impulsada por Trump. El impacto en Colombia y otros países receptores se traduce en la suspensión de proyectos y en una disminución significativa de recursos para programas humanitarios, de desarrollo y de fortalecimiento institucional. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía
