Tras su caída, la presidencia fue asumida por Dina Boluarte, quien luego fue destituida en octubre de este año por “incapacidad moral”. Desde entonces, el Ejecutivo quedó en manos de José Jerí, encargado de completar el periodo presidencial hasta julio de 2026 en un contexto de inestabilidad prolongada y múltiples investigaciones por presunta corrupción en el entorno de Castillo. El fallo también involucró a excolaboradores cercanos del exmandatario. La exprimera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada de México, fue condenada en ausencia a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel y se emitió una nueva orden de captura en su contra. El tribunal concluyó que Chávez y otros funcionarios 'participaron en la difusión y preparación del decreto' que anunciaba el Estado de excepción. México ya había concedido asilo político a la esposa e hijos del exmandatario.
Otros exfuncionarios también recibieron penas: el exministro del Interior Willy Huerta fue condenado a la misma cantidad de años que Castillo y Chávez, mientras que el exasesor Aníbal Torres recibió una sentencia de 6 años y ocho meses. Las condenas reflejarían un extensión de responsabilidades en el caso, cuyas repercusiones aún marcarían la agenda política peruana. Así las cosas, Castillo cumpliría su condena en la prisión donde se encuentran otros expresidentes peruanos sentenciados por corrupción o sobornos, entre ellos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra (condenado ayer a 14 años de prisión por recibir dineros en sobornos cuando era gobernador de Moquegua, además de 9 años de inhabilitación para cargos públicos y una multa económica), en medio de una larga crisis de legitimidad política que atraviesa el país. El caso, ampliamente cubierto por medios internacionales, reafirmaría una compleja relación entre las instituciones peruanas, los sucesivos líderes electos y las recurrentes acusaciones de presunta 'inestabilidad y abuso de poder'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: BBC • DW • AFP • EFE
