🕒 Última actualización:
noviembre 12, 2025
La Procuraduría General de la Nación abrió tres indagaciones previas contra funcionarios de la Personería Municipal de Ibagué por determinar, debido a presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos durante el año 2024. Según reportes, las investigaciones se centrarían en la administración de viáticos, comisiones y contratos, en lo que pretendería establecer si hubo conductas que puedan comprometer la responsabilidad disciplinaria de servidores públicos. En los tres casos, la Procuraduría Provincial de Ibagué decretó la práctica de pruebas que lleven a esclarecer los hechos y confirmar si los recursos se manejaron conforme a los principios de transparencia y eficiencia. Las indagaciones habrían surgido tras identificar posibles inconsistencias en los informes ejecutivos, los anticipos de gastos y la planeación de contratos públicos ejecutados durante 2024.
Uno de los focos de la investigación sería el manejo de viáticos y comisiones oficiales. Según el ente de control, podrían haberse entregado anticipos superiores a los gastos realmente efectuados, 'sin el reintegro de excedentes y sin los informes ejecutivos que acrediten las actividades desarrolladas en las comisiones'. Además, que se habría detectado una ausencia de documentos soporte que garanticen la transparencia en el uso de los fondos destinados a viajes y actividades institucionales. De igual forma, la Procuraduría investiga posibles deficiencias detectadas por la Contraloría Municipal de Ibagué en la justificación de los gastos y en la trazabilidad de los recursos públicos. Al parecer, algunos desembolsos se habrían realizado sin los soportes técnicos y administrativos necesarios, ni la presentación de reportes detallados que respalden las gestiones efectuadas por los funcionarios en comisión.
El tercer proceso disciplinario se relacionaría con presuntas fallas en la planeación y ejecución de dos contratos para programas de bienestar social y promoción institucional, cuyo valor superaría los $225 millones. Dichos contratos habrían sido adjudicados bajo la modalidad de contratación directa, a pesar de que esta no sería la apropiada y carecería de los estudios técnicos previos exigidos por la ley, lo cual podría configurar una 'falta administrativa grave'. Finalmente, la Procuraduría mencionó que las investigaciones se adelantarían bajo un principio del 'debido proceso y la presunción de inocencia'. La entidad aseguró que trabajaría 'sin pausa' para la garantía de un 'uso correcto' de los recursos públicos, 'fortalecimiento de la responsabilidad administrativa' y promoción de 'transparencia' dentro de las instituciones del Estado, en este caso un organismo de control municipal. El reporte está en desarrollo.
Vía: El Nuevo Siglo • Ecos del Combeima
