El Gobierno Nacional decretó la emergencia económica por 30 días mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, argumentando una “inminente crisis fiscal” derivada del hundimiento de la Reforma Tributaria en el Congreso y de obligaciones que, según el Ejecutivo, no podrían recortarse, en especial el pago de la UPC (Unidad de Pago por Capitación, los recursos que el Estado gira al sistema de salud por cada afiliado), además de otros compromisos legales del Estado. Bajo esta figura, el gobierno pretendería habilitarse para crear y modificar impuestos por decreto, retomando medidas incluidas en la ley de financiamiento caída, como el IVA a licores, cigarrillos y apuestas en línea, el aumento del 4×1000 al 5×1000, un mayor impuesto al patrimonio y un nuevo tributo a la extracción de combustibles fósiles. No obstante, a pesar de lo que había dicho ante medios de comunicación el ministro del Interior Armando Benedetti, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que no existiría ninguna propuesta para subir el gravamen a los movimientos financieros (como el 5×1000).
La viabilidad jurídica del decreto sería incierta. La Corte Constitucional anunció que solo iniciaría su estudio en enero de 2026, una vez termine la vacancia judicial el 10 de enero, momento en el que se designaría un magistrado ponente que podrá solicitar pruebas y conceptos al gobierno, al Congreso, a la Procuraduría y a expertos. Aunque existe la posibilidad excepcional de una suspensión provisional, esta requeriría mayoría en Sala Plena y posiblemente no se produciría antes de que finalice el plazo inicial de 30 días de la emergencia. En el mejor escenario, el fallo definitivo podría conocerse hacia finales del primer trimestre de 2026, incluso con efectos retroactivos si se declara la inconstitucionalidad. Y es que la declaratoria ha generado amplia controversia política y técnica.
La oposición y varios candidatos presidenciales anunciaron demandas ante la Corte al considerar que no existiría un hecho 'sobreviniente e inesperado' que justifique la medida y que el gobierno 'intenta legislar por decreto' en un año preelectoral. A nivel fiscal, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el Banco de Bogotá advirtieron sobre 'fallas de planeación, mayor endeudamiento y el uso de mecanismos extraordinarios' para cubrir el faltante de recursos. También, que la emergencia buscaría recaudar cerca de $16 billones sin pasar por el Congreso y que, si la Corte tumba el decreto, esos recursos podrían convertirse en saldos a favor de los contribuyentes, abriendo un nuevo 'hueco fiscal' para 2026. Este reporte continúa en desarrollo.
En paralelo, el Gobierno Nacional avanza en una estrategia de manejo de la deuda pública que incluye la emisión de TES por $23 billones mediante una venta directa a un solo inversionista, operación que el Ministerio de Hacienda confirmó corresponde al fondo Pacific Investment Management Company (Pimco), uno de los mayores gestores de activos del mundo y parte del grupo Allianz. El Presidente Gustavo Petro defendió la transacción señalando que, aunque los TES (Títulos de Tesorería, bonos de deuda del Estado) implicarían endeudamiento, en este caso se usarían para 'refinanciar obligaciones' heredadas ('de gobiernos pasados') y no para financiar nuevo gasto, 'con el objetivo de reducir las necesidades de financiamiento de 2026'. El ministro Ávila aseguró recientemente que no se habría tratado de una 'operación clandestina' y que ofrecería una 'mejor tasa' que otras alternativas evaluadas, además de contar con un compromiso de 'buy and hold' por parte del inversionista. Sin embargo, esto generó cuestionamientos por haberse realizado por fuera del mecanismo habitual de subastas públicas, lo que habría encendido alertas sobre la transparencia y las condiciones de mercado, motivo por el cual la Contraloría General solicitó información al Ministerio tras una denuncia ciudadana, mientras Petro reiteró críticas al Banco de la República 'por mantener altas las tasas de interés', al considerar que 'encarecen' la deuda interna. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • La República • La FM • Revista Cambio
