El Presidente Gustavo Petro dijo que Venezuela necesitaría una “revolución democrática” y no “represiones ineficientes”, en medio de nuevas denuncias de abusos cometidos por el gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Sus declaraciones coincidieron con la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a la opositora María Corina Machado, cuyo reconocimiento fue recibido en Oslo (Noruega) por su hija, Ana Corina Sosa, mientras la líder política se desplazaba en secreto hacia Noruega. El mensaje de Petro, conocido luego de que las autoridades venezolanas retuvieran el pasaporte del cardenal venezolano Baltazar Porras cuando intentaba viajar a España vía Colombia, un acto denunciado por la ONG Provea y considerado 'parte de las prácticas de persecución' que habrían aumentado desde las elecciones presidenciales de 2024, acusadas de 'fraude'. Petro cuestionó al gobierno venezolano por este hecho y refirió que “la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática”. Además, sostuvo que Venezuela requeriría 'más participación política y menos medidas represivas', y que “es con más democracia como se defiende un país”. También, habló de episodios históricos de 'resistencia europea' ante la invasión nazi que se habrían sustentado en 'pactos sociales amplios, mejoras salariales y participación de los trabajadores', no en el 'aumento de la represión interna'.
El mandatario colombiano mencionó que sería 'necesaria' una 'amnistía general' y un “gobierno de transición con la inclusión de todos y todas”. En 2024, Petro propuso levantar sanciones y abrir un 'proceso de reconciliación'. Según él, la “patria de Bolívar” debería ser defendida 'con soberanía y más democracia', no con 'cárceles, discursos vacíos o medidas punitivas' que, según él, profundizarían 'la crisis política y social' del país. En los últimos años, Petro ha mediado para la liberación de presos políticos en Venezuela, incluidos algunos colombianos acusados por el gobierno venezolano de ser “mercenarios”. Según el más reciente balance de Foro Penal, en Venezuela habría casi 900 presos políticos. Y a propósito de esto, recientemente el Gobierno de Venezuela suspendió una nueva fase del proceso para liberar a colombianos detenidos en Venezuela tras unas declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio, publicadas en audio por Bloomberg, en las que aludiría a la posibilidad de apoyar una transición que implicaría la salida de Maduro. Aunque Villavicencio dijo luego que habría sido 'malinterpretada', Caracas habría reaccionado dando marcha atrás a los acuerdos que habían permitido la liberación en octubre de 17 connacionales y a las garantías de asistencia consular negociadas con el canciller venezolano Yván Gil. La decisión habría reavivado una preocupación de sus familias, que denuncian detenciones sin cargos, torturas e intimidaciones.
Según reportó Revista Cambio, Manuel Alejandro Tique es un detenido desde septiembre tras cruzar el puente de Arauca y acusado 'sin pruebas' de colaborar con grupos armados. Organizaciones humanitarias y los familiares exigen reactivar el mecanismo de liberaciones, acceso a la información y un 'trato digno' para los retenidos. En contraste, recientemente también Maduro anunció que Venezuela donaría el primer cargamento de gas a los municipios colombianos fronterizos, asegurando que así se pretendería 'beneficiar' a esas comunidades y 'frenar' la supuesta especulación (presuntas maniobras de algunos empresarios para 'inflar artificialmente' el precio del gas o 'aprovecharse' de la demanda para obtener 'ganancias excesivas'), mientras insiste en que “el gas que necesita Colombia está en Venezuela”, denuncia 'campañas para impedir su compra' y que esperaría firmar contratos “justos” con el país en el marco de una integración económica binacional que incluya 'interconexión eléctrica y futuros proyectos conjuntos'.
En otro tema, a propósito de las controversias por el gobierno venezolano, y todo sucediendo en medio de la presión militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, que ha elevado las tensiones regionales, el presidente Petro exigió a la Fiscalía investigar 'con urgencia' varios cuerpos que habrían sido hallados en playas de La Guajira, que, según él, serían 'lancheros dominicanos' muertos en bombardeos de operaciones estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Caribe. Petro cuestionó que los indígenas wayúus 'los hayan enterrado' mientras la Fiscalía no los identifica, denunció estos hechos como “asesinatos” y criticó nuevamente el despliegue militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump, que ya ha dejado más de 80 muertos y ha sido señalado por la ONU y ONG como ejecuciones extrajudiciales. Además, recordó ataques previos que afectaron a civiles y pidió a República Dominicana colaborar en la identificación de las víctimas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • EFE • NTN24 • Revista Cambio • Bloomberg • Vanguardia • El País
