Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron imputados por la Fiscalía, que los señala de presuntamente liderar una “empresa criminal” para ofrecer dádivas a congresistas a cambio de apoyo en proyectos del Gobierno Nacional. Según la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 los dos exfuncionarios, cuando ocuparon las carteras de Hacienda e Interior, habrían concertado 'con terceros' el direccionamiento de 79 proyectos que, según los cálculos del ente acusador, sumarían $612.237 millones. Por estos hechos fueron imputados por 'concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos'. Bonilla y Velasco se declararon inocentes. La Fiscalía precisó que el esquema de direccionamiento se habría concentrado en proyectos tramitados en Invias (74 proyectos por $571.701 millones) y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o Ungrd (5 proyectos por $40.536 millones), aunque únicamente siete de esos proyectos habrían llegado a materializar contratos, lo que habría motivado además la imputación por interés indebido en la celebración de contratos. Según la imputación, Bonilla y Velasco habrían 'liderado, promovido y coordinado' la 'organización criminal', 'asignando roles, convocando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas' dentro de las entidades donde se habrían gestionado las obras.
En la exposición de la Fiscalía aparecerían nombres y funciones: Olmedo López (exdirector de la Ungrd) como quien habría direccionado proyectos de obra de emergencia; María Alejandra Benavides (asesora de Bonilla) como la persona encargada de tramitar y coordinar los proyectos con congresistas; y otros funcionarios y parlamentarios presuntamente involucrados en la gestión y recepción de contratos. La delegada explicó que el pacto habría pretendido asegurar 'la concurrencia y votación' de congresistas en comisiones consideradas clave a cambio de entrega de contratos y convenios en regiones. El esquema habría quedado trazado en una cronología: en junio de 2023, Velasco habría ordenado a Olmedo López apoyar la Reforma Pensional gestionando contratos 'con interés parlamentario'; en septiembre de 2023 se habrían definido listados de proyectos en Invias y la Ungrd; y el 27 de noviembre de 2023 se habría realizado en el Departamento Administrativo de Presidencia Dapre el llamado “cónclave”, donde, según la Fiscalía, Velasco 'expuso' la negociación con congresistas para aprobar reformas (salud y pensional) y se habría hablado de entregar coimas o sobornos representados por contratos por montos millonarios. La Fiscalía también detalló cómo se habrían presentado 17 operaciones de crédito público.
Respecto a la Ungrd, la Fiscalía narró gestiones entre noviembre y diciembre de 2023 que habrían sido para direccionar proyectos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) por $89.619 millones, y un encargo posterior a Olmedo López para tramitar $35.000 millones que habría terminado en un proyecto por $28.000 para Sahagún (Córdoba). La investigación documentaría intercambios, órdenes y chats que, según la Fiscalía, probarían una 'coordinación entre ministros, asesores, subdirectores y congresistas' para 'vincular votaciones y contrataciones', y que, aunque los proyectos no habrían llegado a ejecutarse 'por completo', su trámite constituiría delito. La Fiscalía pediría que los exministros sean enviados a casa por cárcel. Bonilla ha referido no haber “cogido un peso” y que habría actuado 'dentro de sus funciones'. Velasco sostuvo que sólo se habría escuchado la versión de testigos 'que se habrían beneficiado'. La fiscal Patiño puntualizó que Bonilla y Velasco estarían llamados a responder por concierto para delinquir agravado, delito que implicaría penas entre 8 y 18 años de prisión, y que la Fiscalía no habría podido identificar 'con precisión' a los ocho congresistas supuestamente involucrados en la Comisión de Crédito Público.
Sobre lo último, la fiscal Patiño le solicitó a la magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, imponer medida de aseguramiento de detención domiciliaria a los exministros al considerar que representarían 'un peligro para la comunidad', que habría 'riesgo de fuga' y que, en libertad, podrían 'obstruir el proceso'. Los abogados hablarán el próximo 15 de diciembre. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • La Silla Vacía
