El proceso para elegir al nuevo contralor de Ibagué para 2026–2029 se habría tensado tras un denuncia presentada por la veeduría de José Joaquín Flórez, quien solicitó a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Personería Municipal de Ibagué investigar un presunto entramado de corrupción que comprometería la transparencia del concurso. Según reportó CambioIn, supuestamente se estaría 'impulsando' a una candidata vinculada al círculo político del exalcalde Andrés Hurtado, a pesar de posibles inhabilidades. A la par, recientemente la elección fue aplazada cuando una de las ternadas, Olga Lucía Liévano, no se habría presentado a la entrevista. Esa ausencia, según lo dicho por el cabildante William Rosas (Partido Alianza Verde), segundo vicepresidente del Concejo, habría llevado a recomponer la terna. Esta inasistencia habría detenido el procedimiento hasta que la Universidad de la Costa presente nuevos candidatos. A propósito de esta última, la universidad también tendría polémicas por su papel en otros nombramientos en el país (para mayor contexto, consultar en el blog).
El presidente del Concejo, Camilo Acevedo (Partido de la U), ya había generado polémica por un posible impedimento derivado de investigaciones en su contra, lo que añadiría una nueva capa de incertidumbre. Según reportes de Ecos del Combeima, podrían existir notificaciones enviadas en meses anteriores (marzo, junio y septiembre) que él dice no haber recibido. Si se confirma la notificación, su participación en etapas previas del proceso podría abrir investigaciones disciplinarias e incluso riesgo de pérdida de investidura, de acuerdo con el abogado citado en la noticia. Y es que la denuncia de la veeduría referida también apuntaría a una presunta red de funcionarios y cercanos a la actual Contralora, Edna Margarita Murcia, incluida su familia, así como al cabildante Arturo Castillo (Partido Conservador), señalándolos como los presuntos 'promotores de maniobras' para asegurar un contralor(a) afín. Entre las supuestas irregularidades figurarían 'presión sobre candidatos, dilaciones (demoras) institucionales, desinformación y manipulación de la terna' para 'mantener el control administrativo y presupuestal' de la Contraloría desde enero de 2026.
Entre las aspirantes cuestionadas está Francy Johanna Ardila, cuya posible inhabilidad por contratos anteriores con entidades del municipio o del departamento (incluso nacionales) pondría en duda su idoneidad. Además, se advierte sobre la eventual postulación de una candidata de Bucaramanga, lo que habría despertado cuestionamientos por una 'falta de arraigo local, desconocimiento del contexto de Ibagué y riesgo de interferencias externas'. La veeduría exigió revisar 'los contratos, contratos ejecutados en el municipio', y verificar inhabilidades 'antes de aceptar cualquier candidatura'. La solicitud formal plantearía seis medidas: abrir indagaciones disciplinarias, penales y administrativas; verificar inhabilidades de aspirantes y cabildantes; revisar contratos y procesos sancionatorios; investigar posibles presiones a Liévano; evaluar el impacto institucional de incorporar aspirantes de otro lugar; y adoptar medidas preventivas 'para garantizar' transparencia. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Alerta Tolima • Ecos del Combeima • CambioIn • El Olfato
