El Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía de Ibagué 'diseñar, ejecutar e implementar' el Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) de la Concha Acústica y el Parque Centenario, tras negar una acción de tutela presentada por la administración local. El concejal Andrés Zambrano (Alianza Verde) señaló que el fallo habría quedado en firme y que obligaría al municipio a establecer una hoja de ruta 'para la conservación de este bien de interés cultural y su zona de influencia'. La decisión judicial se conocería en medio de cuestionamientos por el avance de las obras en el Parque Centenario. Después, se conoció que la alcaldía había difundido recorridos y videos institucionales realizados en los que la alcaldesa Johana Aranda y funcionarios del gobierno local explican los retrasos por factores como las lluvias y la aparición de 'imprevistos técnicos', y anunciarían que parte de las actividades se retomarían el mes próximo.
No obstante, según reportó El Olfato, durante estas presentaciones no se habrían divulgado porcentajes oficiales de ejecución física o financiera, ni se habría publicado un cronograma actualizado del contrato. También, que en la plataforma Secop tampoco habrían actas de supervisión ni informes de avance, documentos que permitirían verificar el cumplimiento de los plazos y el estado real de la obra. El contrato de obra superó el término inicialmente pactado y recibió una prórroga de 120 días, mientras que la interventoría obtuvo una extensión de 150 días junto con una adición presupuestal. Con la orden judicial de implementar el Pemp y las prórrogas vigentes, el proceso quedaría sujeto a la ejecución de los compromisos adquiridos y a la publicación de información que lleve a hacer seguimiento verificable al futuro del Parque Centenario y la Concha Acústica.
Precisamente, las obras de adecuación del Parque Centenario y la Concha Acústica de Ibagué fueron prorrogadas por cuatro meses adicionales y tendrían una adición cercana a los $300 millones. El contrato, adjudicado a mediados de 2025 con un plazo inicial de cinco meses y entrega prevista para diciembre, fue ampliado debido a que los trabajos aún están inconclusos. La extensión del plazo ha generado inconformidad entre ciudadanos, especialmente por afectaciones a la movilidad y al uso del espacio público, así como por eventos culturales y festividades como la de mitad de año, para los cuales estos escenarios serían fundamentales y han generado expectativa. Ante esto, líderes locales y comunidad han pedido un seguimiento 'más riguroso' al proyecto, en lo que pretendería evitar 'nuevas prórrogas y sobrecostos'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Olfato • El Nuevo Día
