El aumento del salario mínimo que regirá en Colombia en 2026 sigue sin una cifra definida y mantiene la expectativa. Aunque tras el fracaso de la mesa de concertación salarial se esperaba que el Presidente Gustavo Petro oficializara el incremento anoche, durante un Mensaje a la Nación, el anuncio no se produjo y el Gobierno Nacional optó por exponer los criterios que orientarían la decisión, la cual se conocería la próxima semana. Ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos, el Ejecutivo quedó habilitado para fijar el salario mínimo por decreto, como ha ocurrido durante toda la actual administración. La ausencia de un monto concreto habría reforzado la sensación de incertidumbre y reactivado el debate sobre el enfoque que tendrá el ajuste, especialmente por la inclusión del concepto de salario mínimo vital, que el presidente anunció que quedaría incorporado formalmente en la normativa.
Durante la alocución, Petro consideró que el salario mínimo no debería limitarse a compensar la inflación, sino 'garantizar condiciones de vida dignas y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores'. En ese sentido, recordó que la jurisprudencia constitucional reconocería el derecho a que el salario crezca 'al menos al ritmo de la inflación', principio que, según dijo, no siempre se habría 'respetado' en gobiernos anteriores, 'afectando el ingreso real de los trabajadores'. El eje central del decreto sería el salario mínimo vital, un concepto sustentado en estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Política y la jurisprudencia vigente. A diferencia del cálculo tradicional, el gobierno plantea un enfoque de salario 'familiar y no individual', que tendría en cuenta la canasta mínima vital de los hogares y el promedio de personas que generan ingresos en cada familia, como base para definir el monto final.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó esta visión y señaló que sería la primera vez que el salario vital se lleva 'de manera explícita' a la mesa de concertación. También, que el decreto recogería variables técnicas 'basadas en datos, derecho y jurisprudencia', y que este enfoque representaría un 'cambio estructural' en la política salarial del país, aunque genere resistencia en algunos sectores. Mientras tanto, las posiciones entre sindicatos y gremios empresariales siguen distantes: las centrales obreras defendieron un aumento cercano al 16%, mientras que los empresarios propusieron un ajuste alrededor del 7,2%, apoyados en inflación y productividad. Con los cálculos aún en revisión y sin pronunciamientos oficiales inmediatos, el Gobierno Nacional prevé expedir el decreto antes de que termine diciembre, dejando abierto el interrogante sobre el tamaño del incremento y su impacto económico. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Infobae • Portafolio
