La Superintendencia Nacional de Salud tomó control de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) por un año mediante una 'intervención forzosa administrativa', luego de comprobar un 'deterioro progresivo y reiterado' en la calidad de la atención y en la operación interna de la entidad. La medida, considerada la más drástica frente a la crisis institucional, se basaría en auditorías realizadas entre 2023 y 2025, las cuales habrían evidenciado 'riesgos' para la seguridad de los pacientes y 'fallas graves' en la prestación de servicios esenciales. La toma de posesión implicaría la salida inmediata de la cúpula directiva y la llegada de un equipo designado por la Supersalud. Durante las visitas y seguimientos realizados en los últimos tres años, el ente de control habría detectado 'deficiencias asistenciales, administrativas, jurídicas y financieras' que habrían persistido a pesar de 'múltiples requerimientos y planes de mejoramiento'. Según se dijo, esto habría afectado 'de manera directa' la 'oportunidad, continuidad, accesibilidad y seguridad' de la atención en áreas consideradas críticas como urgencias, consulta externa, farmacia, servicios materno-infantiles y manejo de desnutrición.
Según la Supersalud, en lugar de mejoras, la situación habría empeorado 'de manera progresiva', comprometiendo la operación básica de la USI. Como parte de la intervención, la Superintendencia habría ordenado remover a la gerente y a todos los miembros de la Junta Directiva 'por fallas en la gobernanza' y por no adoptar medidas efectivas para contener la crisis. En su reemplazo fue nombrada Edilma Isabel Hurtado como agente especial interventora, quien desde hoy asumiría la representación legal y la administración de la entidad. Su labor inicial sería garantizar una 'prestación continua y segura' de los servicios mientras inicia el proceso de recuperación institucional. La nueva interventora tendría un plazo máximo de 30 días para entregar un plan de acción integral que enfrente las fallas identificadas. Entre los hallazgos más críticos figurarían problemas en prácticas seguras como esterilización, gestión de eventos adversos, almacenamiento y control de medicamentos; además de falta de talento humano suficiente y retrasos en pagos de salarios y prestaciones. Estas deficiencias habrían generado inestabilidad y riesgo en la atención, especialmente en los servicios más demandados por la población.
La Supersalud también habría ordenado corregir irregularidades en la información reportada al Registro Especial de Prestadores (REPS), 'eliminar barreras de acceso' para usuarios y 'garantizar' un mantenimiento obligatorio de la infraestructura hospitalaria, la cual presentaría deterioros que afectarían 'la dignidad y seguridad' de los pacientes. Asimismo, exigió medidas 'para revertir' la crisis financiera, entre ellas 'mejora en la facturación y control riguroso del gasto', junto con un restablecimiento de una gobernanza 'sólida y transparente'. Así las cosas, la Supersalud realizaría un monitoreo permanente del cumplimiento del plan de acción y de las órdenes impartidas. Así las cosas, se pretendería recuperar la estabilidad institucional de la USI, evitar un colapso de sus servicios y garantizar 'el derecho fundamental a la salud'.
Tras esto, el concejal Jorge Bolívar (Partido Conservador) dijo 'celebrar' la decisión al recordar que hace tres meses denunció que el 70% de los recursos de la USI supuestamente se gastaban en 'contratos innecesarios', además de una falta de ambulancias, laboratorios cerrados y ausencia de rayos X. El cabildante afirmó que estos hallazgos habrían motivado su solicitud de intervención y pidió que la medida 'acabe con la politiquería, mejore el uso de los recursos y permita reabrir' los puestos de salud rurales y urbanos. Y recientemente, el exgerente de la USI, Jorge Cabrera, dijo 'rechazar' la intervención ordenada por la Supersalud y defendió su gestión asegurando que la entidad 'no estaba en crisis financiera', sino que habría pasado 'de pérdidas históricas' a una 'ganancia operacional' de $2.300 millones por nuevos contratos y renegociaciones. Además, que los señalamientos por mal manejo presupuestal serían 'infundados', justificó el alto gasto en nómina como parte del modelo de atención primaria y cuestionó que la medida se tomara en época de ley de garantías y a meses de las elecciones. La actual gerente de la USI es Yennifer Guzmán. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Olfato • El Tiempo • Ecos del Combeima
