🕒 Última actualización:
enero 20, 2026
La Secretaría de Salud de Tolima declaró una situación de 'máxima alerta' tras una cuarta mesa de trabajo con la Nueva EPS, la cual habría concluido 'sin soluciones efectivas' para los afiliados del departamento. Desde esta cartera se denuncia que la entidad no habría garantizado la continuidad en la prestación de servicios esenciales, lo que dejaría en incertidumbre a más de 550.000 tolimenses de los regímenes contributivo y subsidiado. La secretaria de Salud departamental, Katherine Rengifo, habló de 'la gravedad' de la falta de fármacos y el colapso hospitalario que afectaría a 'miles de ciudadanos'. También, que una falta de 'respuestas concretas' por parte de la Nueva EPS habría escalado la preocupación. El punto más crítico radicaría en la entrega de medicamentos tras la salida de Colsubsidio como operador logístico. Aunque se anunció a Medic como nuevo gestor farmacéutico, la Secretaría de Salud reveló que esta empresa no habría asistido a las mesas de diálogo ni habría informado sobre la ubicación de sus puntos de atención, lo que habría dejado a cientos de pacientes sin acceso a tratamientos esenciales.
Además, se confirmó que Medic aún no ha iniciado los procesos de habilitación requeridos ante la Superintendencia Nacional de Salud ni ante la autoridad departamental, lo que habría paralizado 'totalmente' la dispensación de fármacos en municipios como Ibagué y El Espinal. Esta situación agravaría la atención hospitalaria, que ya se encontraría al límite de su capacidad en instituciones como el Hospital Federico Lleras Acosta, mientras otras IPS presentarían demoras de hasta 50 días en remisiones cardiovasculares y oncológicas 'por falta de camas y servicios especializados'. A esta crisis se sumaría un nuevo brote de fiebre amarilla, del cual Tolima concentraría el 85% de los casos reportados en todo el país. Según Rengifo, la combinación de la epidemia con una red hospitalaria colapsada crearía un escenario de 'riesgo mortal' para la población. Hasta la fecha, el departamento ha reportado 132 casos, de los cuales 52 han fallecido y 80 lograron superar la enfermedad, incluyendo la reciente muerte de un menor de 17 años que llegó al Hospital Federico Lleras Acosta en 'estado avanzado'. El rebrote en Chaparral, sur de Tolima, ya habría provocado la muerte de cuatro personas y un aumento significativo de muertes de monos en varias veredas del corregimiento de Calarma, donde se confirmó una 'circulación activa' del virus. Las autoridades sanitarias advierten que el brote en Tolima se habría reactivado desde mediados de diciembre tras varios meses 'de calma'.
La secretaria de Salud agregó que la emergencia requeriría 'priorización nacional' y que Tolima no podría ser tratado 'bajo los mismos parámetros' que el resto del país. En ese sentido, autoridades han solicitado que las inversiones y recursos se concentren 'en la región', dada 'la magnitud' del brote y una 'necesidad urgente' de garantizar medicamentos e insumos para el tratamiento de la fiebre amarilla y otras patologías consideradas críticas. Finalmente, Rengifo hizo un 'llamado urgente' al Gobierno Nacional y a la Nueva EPS para que 'prioricen' a Tolima en su agenda de atención inmediata. En medio de todo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, admitió 'fallas' en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en Bogotá y el país, y anunció que el gobierno gestionaría que Colsubsidio vuelva a prestar ese servicio. Señaló que el problema no sería de presupuesto, ya que las EPS recibirían 'los recursos completos y anticipados', y que este año la Unidad de Pago por Capitación (UPC, el dinero del sistema destinado a usuarios en salud) habria aumentado 16,49%. Además, que no se podría depender 'de un solo gestor farmacéutico' y que las decisiones internas de la Nueva EPS serían responsabilidad de sus interventores, 'no del ministerio'.
A propósito de esto último, recientemente el Presidente Gustavo Petro afirmó que podría 'liquidar' las EPS intervenidas tras un concepto del Consejo de Estado que les permite usar recursos de la UPC para pagar deudas antiguas, al considerar que esto las convertiría en un “barril sin fondo” que priorizaría 'obligaciones pasadas' sobre la atención actual. El fallo dice, entre otras cosas, que la UPC no está sujeta al 'principio de anualidad presupuestal' (establece que el presupuesto público es un documento de vigencia anual, que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y exige que los gastos y compromisos 'se asuman y ejecuten' dentro de esa misma vigencia). Actualmente hay ocho EPS intervenidas, entre ellas Nueva EPS y Famisanar, que atienden al 59,2 % de los afiliados (unos 29,5 millones de personas) y que, según la Contraloría, acumularían deudas por $32,9 billones. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Cronista • Caracol Radio • La Silla Vacía
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