🕒 Última actualización:
enero 20, 2026
La representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde) denunció que la Fundación Universitaria San José presuntamente habría otorgado títulos irregulares a 24 personas que luego habrían sido contratadas como funcionarios del Gobierno Nacional. Según la congresista, estos contratos habrían significado un gasto aproximado de $1.100 millones para el Estado, realizados entre 2023 y 2025. La investigación comenzó tras el caso de Juliana Guerrero, exfuncionaria cercana al Presidente Gustavo Petro y al ministro Armando Benedetti, quien obtuvo títulos como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública sin presentar la Prueba Saber Pro, requisito para graduarse, en un hecho que generó amplia controversia. Su nombre se habría hecho más visible cuando fue propuesta como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, cargo que finalmente no asumió. Juvinao señaló que existirían dos tipos de irregularidades en la expedición de títulos por la Fundación San José: por un lado, personas que recibieron el diploma sin haber presentado la prueba Saber Pro 'en ninguna fecha verificable'; y por otro, quienes habrían presentado la prueba después de graduarse, lo que constituiría una 'ilegalidad'.
Entre los contratistas implicados, 10 habrían trabajado en el Sena, dos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otros dos en el Invima, además de casos en los ministerios de Transporte y Salud, Dane, Dian, Dapre, Aeronáutica Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Corporación Aeronáutica Colombiana. La congresista cuestionó una supuesta 'falta de intervención' del Ministerio de Educación y que estos hechos podrían constituir un “cartel de diplomas irregulares” a la medida de la contratación del gobierno. Por ello, solicitó que el Ministerio de Educación, la Procuraduría y la Fiscalía abran investigaciones 'para salvaguardar' la 'moralidad pública" y aplicar las sanciones correspondientes a la Fundación San José, así como a las entidades y funcionarios involucrados. En paralelo, la Procuraduría General de la Nación había solicitado desde noviembre pasado al Ministerio de Educación avances sobre la investigación administrativa preliminar a la Fundación San José, incluyendo información sobre directivos, representantes legales y administradores, en lo que pretendería 'verificar' la legalidad de los títulos y garantizar la confianza pública en el sistema educativo. Hasta ahora, no se ha informado si el Ministerio ha entregado respuestas sobre este caso.
La Fundación Universitaria San José anuló en noviembre del año anterior los títulos de Juliana Guerrero tras evidenciar que no habría registrado “actividad académica”, ni participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual. Este hecho resaltaría nuevamente presuntas irregularidades en la institución y una necesidad de 'controles más estrictos' para garantizar 'la legalidad' en la expedición de títulos y la contratación pública. A propósito de todo, este martes, 20 de enero, Revista Cambio reportó que Guerrero habría realizado pagos por cerca de $8 millones a la institución San José después de haberse graduado como contadora y tecnóloga, a pesar de que los títulos luego fueron anulados por irregularidades. Según el periodista Daniel Coronell y hallazgos de la congresista Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), la Dian registraría tres facturas de julio de 2025, emitidas 'entre 27 y 28 días' después de la expedición de los diplomas, por conceptos de matrícula y grado. Aunque directivos de la institución afirmaron que Guerrero nunca habría estudiado allí y atribuyeron el caso a una 'maniobra interna', según se dijo los comprobantes probarían pagos a cuentas oficiales. Pedraza cuestionó que Guerrero se graduara 'antes de pagar', pidió su salida de la Universidad Popular del Cesar y anunció nuevas denuncias sobre el presunto “cartel de títulos” en esa fundación. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El País (Cali) • Colprensa • El Heraldo • EFE • Revista Cambio
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