🕒 Última actualización:
enero 19, 2026
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a una pena de hasta 40 años de prisión por su responsabilidad en 117 crímenes cometidos contra comunidades indígenas wayúu y otras poblaciones de La Guajira entre 2002 y 2006, en uno de los fallos más relevantes sobre la violencia paramilitar en ese departamento. La decisión, adoptada tras acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, determinó que Mancuso, como cabecilla de estructuras armadas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 'fue responsable de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencias basadas en género y otras conductas ilícitas' cometidas durante los años más complejos de la expansión paramilitar en el norte del país.
Según la sentencia, los hechos fueron ejecutados principalmente por integrantes del Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura adscrita al Bloque Norte de las AUC que nació en marzo de 2002 y llegó a contar con cerca de 150 hombres armados. Sus acciones habrían hecho parte de una 'política de expansión criminal' del paramilitarismo en La Guajira, incluyendo zonas medias, altas y nororientales del departamento, así como áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre los casos probados, el tribunal destacó la incursión armada a la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003, cuando varios indígenas wayúu 'fueron retenidos, golpeados y maltratados' durante cerca de cuatro horas. En ese ataque también habrían sido 'destruidos y hurtados' bienes de 'alto valor cultural y simbólico', como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas tradicionales, 'fundamentales para la identidad y subsistencia' de la comunidad.
Además de la condena penal, Justicia y Paz ordenó reconocer a la comunidad wayúu como 'sujeto de reparación colectiva'. La medida cobijaría a comunidades ubicadas en Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia, así como a Matitas, en Riohacha, y pretendería 'garantizar procesos de memoria, restitución y garantías de no repetición' en una región profundamente afectada por la violencia armada. La sentencia también impuso a Mancuso una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la condena. No obstante, el fallo reiteró que podría acceder a una pena alternativa de ocho años de prisión 'si cumple estrictamente las condiciones de la Ley de Justicia y Paz', en un contexto marcado por su designación como gestor de paz por el Presidente Gustavo Petro, con vigencia hasta el 6 de agosto de 2026.
Vía: Revista Cambio • La Silla Vacía
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