🕒 Última actualización:
febrero 18, 2026
El Consejo de Estado negó la pérdida de investidura del representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, quien estaba señalado por presuntos abusos en el manejo de su Unidad de Trabajo Legislativa (UTL). La Sala concluyó que 'no se encontró evidencia suficiente' de que Racero hubiera asignado tareas distintas a las indicadas a los miembros de su UTL, incluyendo al funcionario Jhon Leonardo García. Según la sentencia, “las pruebas que integran el acervo probatorio no permiten establecer con certeza y plena convicción que el congresista demandado asignó tareas u labores particulares” a García. No obstante, la decisión aún puede apelarse. El caso surgió a raíz de revelaciones hechas en mayo del año pasado por el periodista Daniel Coronell, quien dio a conocer audios y recibos en los que se acusaba a Racero de supuestamente solicitar dinero a García 'para pagar cuentas personales'. Además, en las conversaciones se señalaba que Racero habría ordenado a otro trabajador realizar tareas en un supermercado familiar (fruver). En los mismos audios, se proponía contratar a una empleada para su fruver con un salario de $1 millón mensual, sin prestaciones sociales y con jornadas de 13 horas diarias, algo que generó amplia controversia a nivel nacional.
Estas situaciones generaron cuestionamientos sobre el manejo interno de su UTL y su coherencia con las banderas políticas que había defendido desde su llegada al Congreso. En paralelo, la Procuraduría adelanta una investigación contra Racero por presunto 'tráfico de influencias e irregularidades' en nombramientos en el Sena. En otro chat reportado, Racero consultaría al director del Sena, Jorge Londoño, sobre 'la viabilidad' de asignar puestos a su partido en la región del Cesar, a lo que Londoño respondería 'de manera afirmativa', con indicaciones de 'incluir también a los Verdes' (a los del partido Alianza Verde). Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el congresista por el delito de concusión (cuando un funcionario exige o recibe 'pagos indebidos' aprovechando su cargo, obteniendo beneficios económicos 'que no le corresponden'). El escándalo habría afectado la imagen de Racero, pues su principal bandera en el Congreso sería 'luchar contra los privilegios políticos y el clientelismo', además de ser uno de los defensores de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional.
Y a propósito del escándalo y la UTL, recientemente otra controversia (algo similar) ha girado en torno a la senadora del partido ASI, Berenice Bedoya, quien enfrentaría múltiples señalamientos que van desde investigaciones de la Fiscalía por su presunta participación en irregularidades durante la gestión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) hasta denuncias por presunta concusión en su UTL. Precisamente, un exasesor de su UTL, Sergio Mesa, dijo que entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 supuestamente fue presionado 'para entregar' parte de sus honorarios a un yerno y a la hija de la congresista, lo que lo habría llevado 'a cortar' su relación laboral con la senadora y presentar una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia por 'concusión y calumnia'. Mesa también habría adjuntado pruebas, incluidos chats 'en los que se le exigían' esos pagos. Según Mesa, tras la presentación de la Ponencia Alternativa de la Reforma a la Salud, Bedoya presuntamente habría gestionado contratos en el Ministerio del Interior y el Fondo de Adaptación para familiares: su hija, su hijo Julián David Bedoya Pérez (por $48 millones en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno) y su yerno Johan Londoño. El exasesor además mencionó una presunta negociación 'para influir' en la votación de reformas del gobierno, aunque la senadora finalmente votó en contra de la Reforma Laboral y de la Salud.
La senadora respondió a través de sus redes sociales que las denuncias serían parte de una presunta 'estrategia en su contra' en el contexto electoral, calificándolas de “injurias y calumnias”. Por su parte, Julián David Bedoya negó 'cualquier relación' entre su contratación y la reforma a la Salud, argumentando que los contratos públicos que ha tenido se deberían 'a su experiencia profesional' y no a 'vínculos familiares'. El Tiempo reportó contratos anteriores de este último en la Cámara de Representantes, incluyendo uno de $8 millones en 2023 y otro de $48 millones en 2024, 'sin que se reportara inicialmente' la relación con su mamá. Estas denuncias se sumarían a otras investigaciones de la Fiscalía, que señaló que Bedoya, junto a la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico), habría impulsado en 2023 las reformas Pensional y de la Salud, supuestamente utilizando al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, como intermediario para “aceitar” al Congreso. Según la Fiscalía, ambas senadoras habrían pretendido quedarse con 'contratos millonarios' en diferentes municipios del país, incluyendo La Guajira, Puerto Concordia, Aguazul y Mistrató, y direccionar contratos de maquinaria y mantenimiento de jagüeyes (reservorio de agua, usado en zonas rurales para almacenar agua para el ganado o la agricultura) a terceros. El caso evidenciaría una nueva controversia por posibles 'conflictos de interés y presiones políticas' que siguen bajo investigación judicial. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Tiempo
Te informamos con la mayor confianza. Algunas noticias podrían ser actualizadas unas cuantas veces para ofrecerte lo más reciente. Si quieres algo más actualizado, visita nuestro Canal de WhatsApp o nuestra página En Vivo. (alert-success)
