🕒 Última actualización:
febrero 20, 2026
El Parque Nacional Natural Tayrona atraviesa una controversia institucional y territorial luego de que el Ministerio de Defensa ordenara su cierre temporal por 15 días, 'mientras se atienden' problemas de orden público en la zona. El ministro Pedro Sánchez explicó que se habrían identificado 'actividades y ocupaciones ilegales' (se retiraron 'construcciones no autorizadas') que habrían llevado a tomar la medida, pues el parque 'debe operar' bajo 'garantías de legalidad y seguridad'. Así las cosas, que la intervención gubernamental pretendería hacer frente a la banda “Los Pachencas” o también conocidas como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), señalada de 'extorsionar y presionar' a las comunidades locales. Según el ministro, la solución requeriría 'articulación' entre comunidades indígenas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia, y no dependería únicamente 'del accionar' de la fuerza pública. En paralelo, las Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena se declararon en asamblea permanente y mantenían presencia en el sector El Zaino. Afirman que existiría un 'desconocimiento sistemático' de su autoridad y de su 'sistema de gobierno propio', a pesar de contar desde 2020 con registro ante el Ministerio del Interior. Y exigieron la presencia del Presidente Gustavo Petro y altos funcionarios para instalar una mesa de diálogo 'de alto nivel'.
En contexto, los kogui denuncian que las administraciones de Parques Nacionales presuntamente habrían 'limitado su participación y vulnerado sus derechos fundamentales'. Además, permanecerían en el lugar 'en condiciones precarias de salubridad y alimentación', y no descartarían movilizarse hacia Santa Marta (Magdalena) si no son escuchados. Para ellos, la protesta representaría 'la defensa' de su territorio ancestral y 'la exigencia' de 'coadministración real' del Tayrona. Y es que aunque el parque permanece oficialmente cerrado, en la práctica ha estado operando bajo control de los indígenas Kogui, quienes estarían administrando los accesos, cobrando aportes voluntarios y guiando los recorridos turísticos, a pesar del cierre ordenado. Según se dijo, esta situación habría reducido 'de manera drástica' el flujo de visitantes y generado 'pérdidas económicas para hoteles, restaurantes y comerciantes de la región', que dependerían del turismo hacia el Tayrona. El escenario actual reflejaría un choque de visiones sobre la autoridad: por un lado, el Estado que insiste en el cierre por razones de seguridad; por otro, los pueblos indígenas que reclaman autonomía y participación plena en la administración del parque.
Este viernes, 20 de febrero, se reportó que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo habría convocado una mesa interinstitucional que pretendería 'atender' el cierre temporal del Parque Tayrona, ordenado por Parques Nacionales Naturales de Colombia. La ministra Diana Marcela Morales refirió que el encuentro, programado para el 23 de febrero, buscaría 'soluciones conjuntas' para garantizar 'la seguridad' de visitantes, comunidades indígenas y funcionarios, mientras gremios turísticos como Asocapitales presionan por la reapertura del parque, cuya seguridad y orden habrían sido alterados desde la reapertura parcial del 15 de febrero. En un contexto más amplio, en horas recientes la Consejería Comisionada de Paz dijo que las Acsn o 'Los Pachenca' se habrían comprometido 'a no interferir' en las elecciones a Cámara, Senado y Presidencia como parte de un 'acuerdo para desescalar la violencia' en municipios como Dibulla, Ciénaga y Santa Marta. El anuncio ocurre en medio de una alta inseguridad electoral y un panorama en el que cerca de 170 municipios presentan riesgo electoral, especialmente en las Circunscripciones de Paz (Citrep), donde casi la mitad enfrentaría 'riesgo extremo' por factores de violencia, según la Misión de Observación Electoral (MOE).
En este mismo marco, recientemente también el ministro del Interio Armando Benedetti anunció que el gobierno ofrecería una recompensa 'de hasta $50 millones a quienes denuncien delitos electorales 'como la compra o trasteo de votos', medida que incluiría un canal seguro para recibir información y la orden a la Policía de capturar a quienes incurran en estas prácticas. El anuncio se da en medio denuncias, por ejemplo, en la consulta del Pacto Histórico, donde se reportaron pagos de hasta $20 mil por votos a favor del senador Pedro Flórez en el Caribe, evidenciando cómo campañas ofrecen dinero o beneficios a cambio de apoyo electoral. En otra controversia reciente, en Aguachica (Cesar), un carrotanque repartiendo agua con publicidad de los políticos Didier Lobo (Cambio Radical) y Ape Cuello (Partido Conservador) generó denuncias por posible 'compra de votos' de cara a las elecciones de marzo. El agua la suministraría la empresa del tío de la alcaldesa local, Víctor Roqueme, y según denunciantes se aprovecharía de la escasez usando hidrantes públicos. La Procuraduría inició una indagación preliminar, mientras que Lobo aseguró que no se usarían recursos públicos y que el empresario apoyaría la campaña 'por su cuenta'. La situación también habría mostrado una alianza política entre Lobo y Cuello en el Congreso, cuando algunos hablan de la configuración de la estrategia como un 'delito electoral'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Tiempo • La FM • La Silla Vacía • El País • El Heraldo
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