🕒 Última actualización:
febrero 01, 2026
El Gobierno Nacional habría contratado $1,3 billones en los 30 días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, según reportó El Tiempo. La cifra incluiría 9.282 nombramientos por $765.000 millones y 213 contratos con empresas por $547.000 millones en 10 entidades. Los ministerios que más contrataron habrían sido Minas, con 1.564 contratos por $188.000 millones, e Interior, con 1.422 por $103.438 millones; también figurarían DNP (Planeación), Dane, Ambiente, Cultura, Educación, Agricultura, Transporte y Deporte. Varios contratos se extenderían hasta diciembre de 2026, cubriendo los primeros meses del próximo gobierno, todo antes de que desde ayer, 31 de enero, quedara prohibida la contratación directa por el periodo preelectoral. La contratación se da mientras la Corte Constitucional suspendió el decreto de Emergencia Económica con el que el gobierno buscaba recaudar $16 billones. El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo dijo que la decisión “no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la administración pública” y solicitó que el Ejecutivo sea “extremadamente prudente” ante la crisis fiscal. No obstante, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió los movimientos y aseguró que responderían a “necesidades del servicio” y a la implementación de la Reforma Laboral, insistiendo en que “no es clientelismo ni viola la ley de garantías”.
En paralelo, decenas de empleados del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) habrían sido desvinculados por orden de su nueva directora, Nhora Yhanet Mondragón, en una reestructuración que también habría incluido la postulación de 241 cargos por $22.000 millones. Entre los despedidos habría trabajadores con protección especial (prepensionados, madres cabeza de hogar y sindicalizados), lo que habría generado controversia y presunto "malestar interno'; la exjefa de prensa Carolina Calderón catalogó las salidas como una “masacre laboral”. Otros datos reportados indicarían la aprobación de 800 nuevos cargos en Colpensiones y 6.870 empleos adicionales en la Unidad Nacional de Protección (UNP). La controversia también habría alcanzado a la Cancillería, donde cerca de 200 funcionarios y diplomáticos de carrera habrían sido relevados en varias misiones en vísperas de la Ley de Garantías. Sindicatos y observadores interpretaron las decisiones como una 'reconfiguración acelerada' antes de las restricciones electorales, lo que abrió un debate sobre derechos laborales, transparencia y un presunto 'uso político' de la nómina estatal, mientras el gobierno sostiene que se trataría de 'ajustes administrativos legales'.
En medio de todo, hace unas horas se reportó una cifra distinta: el candidato a la Cámara Daniel Briceño (Centro Democrático) denunció que el gobierno presuntamente habría firmado 101.441 contratos de prestación de servicios por cerca de $6 billones justo antes de que entrara en vigencia la prohibición general de contratación de la Ley de Garantías. Según su publicación en X, se trataría de una supuesta 'maniobra burocrática' en medio de la crisis fiscal, señalamiento que fue respaldado por el representante Andrés Forero (Centro Democrático), quien habló de un 'uso electoral' de los recursos públicos. Y es que la Ley 996 de 2005 impone restricciones progresivas a la contratación estatal en periodos preelectorales para evitar 'ventajas indebidas' y algunas de sus limitaciones empezaron a regir desde noviembre pasado, mientras la prohibición amplia de contratación directa rige desde el 31 de enero de 2026, con excepciones específicas. A propósito de 'crisis fiscal', Colombia habría registrado en 2025 el -7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según reportó The Economist, lo que la ubicaría solo por detrás de Egipto entre 41 países analizados con uno de los déficits fiscales más altos, en medio de 'deuda creciente, inflación elevada y altos costos de financiamiento'. Analistas dicen que el gobierno estaría cubriendo el desbalance con endeudamiento 'cada vez más caro', reflejado en tasas 'históricamente altas' de los bonos soberanos (títulos de deuda que emite el Estado para conseguir plata prestada, mientras Fitch prevería un crecimiento moderado pero con déficits persistentes por encima del 6% y una deuda pública que superaría el 60% del PIB. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Tiempo • Pulzo • El Espectador • Portafolio • El Colombiano • The Economist
Te informamos con la mayor confianza. Algunas noticias podrían ser actualizadas unas cuantas veces para ofrecerte lo más reciente. Si quieres algo más actualizado, visita nuestro Canal de WhatsApp o nuestra página En Vivo. (alert-success)
