🕒 Última actualización:
febrero 27, 2026
Durante un evento del Centro Democrático en Honda, Tolima, que contó con la presencia de la candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente (y aspirante nuevamente al Senado) Álvaro Uribe, se registró la presencia de una mujer de 29 años que portaba un arma de fuego. La mujer, funcionaria del Inpec en periodo de vacaciones, llevaba una pistola calibre 22 no registrada, cinco cartuchos y un cargador, lo que habría generado consternación entre los asistentes y la activación inmediata de protocolos de seguridad. La funcionaria estaría adscrita a la cárcel de Guaduas (Cundinamarca) como dragoneante y tendría más de ocho años de servicio en el Inpec. El Centro Democrático solicitó que se realice una 'investigación rigurosa' para esclarecer los motivos de la presencia de esta persona armada en el evento. Más recientemente se conoció el nombre de la mujer, Mónica Fernanda Joven, quien habría sido detenida cuando intentaba ingresar al evento. Una jueza ordenó prisión domiciliaria. Aunque presentó carné institucional y permiso de porte, las autoridades establecieron que el arma 'no era de dotación' oficial, por lo que fue imputada por 'fabricación, tráfico y porte ilegal de armas', cargos que no aceptó, mientras la Fiscalía continuaba investigando posibles implicados y el Inpec dijo que la mujer estaba de vacaciones y 'actuó a título personal'. El episodio habría evocado el 7 de junio de 2025, cuando fue herido el senador y precandidato Miguel Uribe (del mismo partido), resultando en su muerte dos meses después. El hecho también habría escalado la preocupación sobre la seguridad en eventos políticos y la eventualidad de riesgos similares en contextos de campañas presidenciales.
En otra controversia, la Procuraduría General de la Nación emitió un requerimiento preventivo al rector del Conservatorio de Música del Tolima, James Enrique Fernández, tras conocerse reportes públicos que indicarían que De la Espriella habría utilizado las instalaciones de la institución 'con fines electorales', aunque la entidad no mencionó su nombre. El ente de control pidió 'garantizar la neutralidad' del Conservatorio y 'evitar actividades proselitistas con bienes públicos'. En el documento enviado al rector, la Procuraduría habría solicitado a este 'abstenerse de adelantar actos de promoción política, reforzar los controles internos y capacitar al personal' para prevenir que los recursos estatales sean usados 'de manera indebida' durante la contienda electoral. Además, se hizo un llamado a 'garantizar la imparcialidad' de los servidores públicos y 'preservar la igualdad' entre los candidatos, en cumplimiento de la normativa sobre participación política y manejo de bienes públicos. La entidad aclaró que su intervención sería de carácter preventivo y no implicaría 'prejuzgamiento', sino que buscaría 'contribuir a la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana'. Este requerimiento se enmarca en la función anticipatoria del Ministerio Público frente a posibles usos indebidos de instituciones estatales en campañas políticas.
Y a propósito de lo anterior, cuando la controversia política en Tolima escala, una declaraciones del diputado Juan Guillermo Beltrán (Cambio Radical) sobre la gobernadora Adriana Magali Matiz habrían generado polémica por una supuesta participación indebida de la mandataria en política. Durante un acto público en Mariquita, Beltrán habría afirmado que apoyaba al candidato Guillermo Ignacio Alvira (Partido Conservador Colombiano) a la Cámara de Representantes “porque ha sido una petición especial que nos ha hecho la gobernadora Adriana Magali Matiz”, lo que llevó a que el candidato Marco Emilio Hincapié (Pacto Histórico) radicara una queja disciplinaria ante la Procuraduría General, solicitando 'garantías electorales' en el departamento. No obstante, Beltrán dijo a Caracol Radio que sus palabras fueron “sacadas de contexto” y que su intención habría sido 'destacar' que Alvira 'representa la continuidad de las políticas y ejecutorias exitosas de la administración de Matiz', no que existiera un 'respaldo directo' de la gobernadora. Además, que su equipo no tendría un 'apoyo uniforme' en todo el departamento, reiterando también que por eso 'no existe ninguna directriz' de Matiz sobre estas decisiones. Expertos en derecho y observación electoral, como Antonio París y Cristian Martínez, coincidieron en que la participación de funcionarios en política 'está prohibida', y calificaron de 'irresponsable' la afirmación de Beltrán. Martínez agregó que, aunque se escucharía frecuentemente que mandatarios apoyan candidaturas, no habría que asumir automáticamente que se trata de instrucciones directas. Hasta el momento, la gobernación no se ha pronunciado oficialmente. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: Noticias RCN • Ecos del Combeima • El Olfato • Caracol Radio • Revista Semana
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