🕒 Última actualización:
febrero 02, 2026
El Ministerio de Educación impuso la primera sanción histórica contra una universidad pública por 'fallas en la atención de denuncias de violencia de género': multó a la Universidad de Cartagena por 'omisiones graves' en un caso de presunto acoso denunciado por una estudiante. La decisión también sanciona al rector William Malkún y al decano José David Patiño. La delegada presidencial en el Consejo Superior también solicitó la 'intervención administrativa' de la institución al referir que no sería un 'entorno seguro' para mujeres que denuncian, mientras colectivos feministas respaldaron la medida como un 'precedente nacional'. El caso central es el de Catalina, estudiante que denunció 'acoso persistente' de un compañero mayor que además habría sido su tutor. Según su relato, él 'la perseguía, inventaba rumores, llegaba a su casa sin invitación y la sujetó por la fuerza'. Los hechos habrían comenzado en 2021 y la joven aún recibiría atención psicológica. Aunque denunció ante la universidad en 2022 y ante la Fiscalía meses después, el ministerio concluyó que la institución actuó 'con demoras injustificadas' que habrían puesto 'en riesgo' sus derechos y habrían 'permitido' que el 'agresor' se retirara antes de recibir la sanción disciplinaria.
La resolución firmada en diciembre de 2025 impuso multas de $85 millones a la universidad, $71 millones al rector y $56 millones al decano. El ministerio habló de “negligencia institucional” y 'falta de diligencia reforzada' en casos de violencia de género, señalando 'retrasos' en la apertura de la investigación y en la designación de investigador. Según el reporte, Catalina habría tenido que interponer tutelas para que su caso avanzara, y aunque el Observatorio de Equidad de Género (de la Universidad) habría alertado 'con rapidez', su intervención no habría logrado activar 'de manera oportuna' el proceso disciplinario. El reportaje, de Revista Cambio, también recoge el testimonio de Natalia, estudiante de Administración, quien denunció una supuesta agresión sexual cometida por un directivo de su facultad. En su declaración describió que fue sometida 'de manera violenta' a pesar de manifestar su negativa, lo que le habría causado 'lesiones físicas y secuelas psicológicas'. Desde que denunció, refirió haber recibido 'amenazas veladas y advertencias' sobre la posible invalidación de su título. La Fiscalía investiga por 'qcceso carnal violento y constreñimiento ilegal', y la universidad adelantaba un proceso interno.
Las denuncias se extienden a docentes. La defensora pública Doris Ortega asegura que habría sido desvinculada tras 'rechazar comportamientos' del decano de Derecho Álvaro Salgado, a quien acusa de 'tocamientos e insinuaciones'. Otra profesora, que habría pedido anonimato, lo denunció por 'acoso laboral y humillaciones públicas'. Ambos casos fueron llevados a instancias disciplinarias, incluida la Procuraduría. Paralelamente, la delegada presidencial María Alejandra Benítez habló sobre una 'cultura de impunidad y casos de hostigamiento' contra estudiantes y personas Lgbt+ dentro de la institución. Entre 2023 y 2025 se reportaron 40 denuncias de violencia sexual en la universidad: 37 víctimas son alumnas y 19 de los señalados son docentes, según cifras del Observatorio de Género. Aunque la dirección del observatorio sostiene que se cumple 'de manera estricta' la ruta de atención 'con imparcialidad', colectivos feministas cuestionaron los resultados, hablando de supuesta 'revictimización' y que varias víctimas no denuncian 'por miedo'. Las estudiantes que impulsaron escraches (exponer a alguien por 'abusos o violencias' cuando las víctimas sienten que la justicia 'no ha respondido') en 2023 verían la sanción como un 'primer avance' y que esperaban 'cambios estructurales' para garantizar 'espacios seguros'. El reporte está en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • Infobae
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