🕒 Última actualización:
abril 17, 2026
En Argentina, familiares de víctimas de los llamados “falsos positivos” de Colombia solicitaron ante la Cámara de Apelaciones la reapertura del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia entre 2002 y 2008. La petición se realizó en el marco de una audiencia reciente en la que insistieron en una 'necesidad' de continuar con la investigación. Las víctimas argumentan que el caso 'debe seguir activo' bajo el principio de jurisdicción universal, figura del derecho internacional que permite a los Estados investigar 'violaciones graves' de derechos humanos sin importar dónde ocurrieron o la nacionalidad de los implicados. Según sus representantes legales, este mecanismo sería clave ante una 'falta de avances suficientes' en Colombia. El proceso en Argentina se originó en noviembre de 2023, cuando organizaciones de víctimas interpusieron una denuncia contra el exmandatario. En ese momento, la justicia argentina abrió una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades.
Posteriormente, el caso tuvo decisiones de archivo que fueron apeladas, lo que mantiene el litigio en discusión ante instancias superiores. Este tipo de jurisdicción ha sido aplicada en Argentina en otros casos de derechos humanos a nivel internacional, lo que ha permitido a víctimas de distintos países acudir a sus tribunales cuando consideran que 'no hay justicia efectiva' en sus territorios de origen. En el caso colombiano, su uso es excepcional y reciente, y se concentra en este proceso específico iniciado en 2023. Las víctimas sostienen que en Colombia 'no existen avances suficientes' para juzgar 'a todos los posibles responsables', especialmente en 'niveles de alto mando o exmandatarios'. Además, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no tendría competencia para juzgar expresidentes, y que los procesos en la justicia ordinaria no habrían avanzado 'de manera integral' en estos niveles de responsabilidad.
En paralelo, dentro de Colombia, la JEP continúa desarrollando audiencias sobre los “falsos positivos”. En Bogotá, víctimas participaron recientemente en una audiencia pública del Caso 03, en la que habrían confrontado a generales retirados del Ejército Nacional por hechos ocurridos principalmente entre 2005 y 2008 en regiones como Arauca, Santander, Cundinamarca y Boyacá. Durante esta audiencia, 32 víctimas relataron sus casos y exigieron 'verdad plena, reconocimiento de responsabilidades y explicaciones' sobre la cadena de mando. En el encuentro participaron exmilitares vinculados a distintas unidades del Ejército, en una fase del proceso enfocada en 'esclarecer patrones de actuación'. Las intervenciones de las víctimas habrían estado marcadas por reclamos sobre la forma en que se reportaban bajas en combate, señalando que civiles habrían sido 'engañados' y posteriormente presentados como miembros de grupos armados ilegales. También, hablaron de una necesidad de esclarecer 'cómo se tomaban decisiones' dentro de la estructura militar en ese periodo. Mientras en Argentina se pretendería mantener abierta una vía judicial internacional bajo jurisdicción universal, en Colombia continúan los procesos de esclarecimiento ante la JEP. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Semana
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