🕒 Última actualización:
junio 15, 2026
Falta una semana para la Decisión Final. La disputa por los votos en la Costa Caribe se habría convertido en uno de los ejes de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En Barranquilla (Atlántico), donde Cepeda se impuso por estrecho margen en la primera vuelta, ambas campañas pretenderían ampliar su respaldo. Mientras la izquierda habría apostado por movilizar a los votantes que se abstuvieron en sectores populares, De la Espriella intentaría revertir el resultado en una ciudad con aliados políticos como el clan Char. En medio de la campaña, De la Espriella ha denunciado una supuesta compra de votos a favor de Cepeda y ha advertido que promovería sanciones y retiro de visas estadounidenses contra quienes participen en delitos electorales. Sin embargo, analistas consultados por distintos medios sostienen que las denuncias públicas no habrían estado acompañadas de evidencias verificables y que las declaraciones podrían 'influir' en el ambiente político de la región. Más recientemente, De La Espriella continúa señalando a figuras del llamado petrismo, incluido el exdirector de la Dian Luis Eduardo Llinás, de participar en la presunta operación de compra de votos para favorecer a Cepeda, aún sin reportar pruebas.
Al mismo tiempo, han surgido denuncias que apuntan en dirección contraria. El abogado Miguel Ángel del Río reveló una comunicación enviada a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la que se señala una presunta compra de votos en el municipio de Tuchín (Córdoba) durante la primera vuelta. Según la denuncia, personas afines a la candidatura de De la Espriella habrían pagado 'hasta 50.000 pesos' por voto y exigido fotografías del tarjetón como prueba, además de registrarse posibles casos de constreñimiento electoral y propaganda política el mismo día de los comicios. A pesar de las denuncias y señalamientos cruzados, las Fuerzas Militares dijeron que hasta el momento no existirían 'reportes concretos o denuncias formalmente verificadas' por compra de votos de cara a la segunda vuelta. Hace unos días, el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, explicó que la Policía Nacional no habría reportado casos específicos, aunque se mantendría vigilancia sobre posibles irregularidades y presiones contra electores en algunas regiones del país. Las autoridades también reiteraron la prohibición de fotografiar los tarjetones dentro de los puestos de votación, una práctica que suele estar asociada a delitos como la compra o el constreñimiento al elector. Además, anunciaron el fortalecimiento del llamado Plan Democracia y la instalación de un Puesto de Mando Unificado 'para monitorear' el desarrollo de la jornada electoral del 21 de junio.
La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que la segunda vuelta presidencial enfrentaría 'tres riesgos principales': una creciente polarización en redes sociales, difusión de noticias falsas mediante inteligencia artificial y falta de transparencia en la financiación de las campañas de De la Espriella y Cepeda. La organización alertó que el tono de las conversaciones digitales se habría vuelto 'más agresivo' y que la desinformación podría afectar la percepción de los votantes. Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que el ambiente electoral estaría marcado por 'niveles de confrontación discursiva altos, estigmatización, información falsa y cuestionamientos' a las instituciones democráticas. Ante este panorama, hizo un llamado a 'abandonar los discursos de odio, proteger la vida, reconocer la legitimidad de los contradictores políticos y fortalecer el respeto por las reglas democráticas'. La Defensoría propuso nueve compromisos 'para garantizar' unas elecciones 'pacíficas y transparentes', entre ellos 'promover la no violencia, difundir información veraz, fomentar el diálogo y respaldar las manifestaciones pacíficas'. Tanto la entidad como la MOE coincidirían en una necesidad de 'reducir' la polarización y 'proteger' la confianza ciudadana en el proceso electoral que definirá al próximo presidente de Colombia.
En medio de la campaña, Cepeda denunció ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional (CPI) a De la Espriella por presuntos delitos de 'concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito', relacionados, según la acusación, con actividades de las extintas Autodefensas (AUC). El senador aseguró que existirían 'declaraciones de exjefes paramilitares, investigaciones judiciales y otros documentos' que respaldarían sus señalamientos, entre ellos una supuesta plataforma política ligada al paramilitarismo, apoyo a candidatos al Congreso, presuntos sobornos a excomandantes y vínculos comerciales con familiares de exjefes paramilitares. También cuestionó la supuesta 'falta de avances' y la 'pérdida' de documentos en las investigaciones. De la Espriella rechazó las acusaciones, las calificó de “cortina de humo” y afirmó haber denunciado ante autoridades de EE. UU. una supuesta presión de grupos armados para favorecer a Cepeda en Cauca, Chocó y Nariño. Más recientemente, Cepeda presentó otra denuncia por presuntas irregularidades en la liquidada Saludvida EPS, atribuyéndole cinco delitos y señalando que las actuaciones denunciadas habrían afectado 'directa o indirectamente' a cerca de 1,6 millones de personas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El País • Infobae • El Espectador • Revista Cambio • La Silla Vacía • La FM • Inravisión
Te informamos con la mayor confianza. Algunas noticias podrían ser actualizadas unas cuantas veces para ofrecerte lo más reciente. Si quieres algo más actualizado, visita nuestro Canal de WhatsApp o nuestra página En Vivo. (alert-success)
