🕒 Última actualización:
junio 14, 2026
La Contraloría de Ibagué informó sobre presuntas irregularidades en la gestión contractual de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) cuando la entidad estaba bajo control de la administración local. Los hallazgos habrían surgido tras una auditoría a los procesos de mínima cuantía 010 y 011 de 2025, cuyo objeto era la adquisición de muebles, equipos de oficina y mobiliario hospitalario. De acuerdo con el ente de control, se habrían evidenciado 'fallas de planeación' que habrían llevado a una 'estructuración deficiente' de los procesos contractuales. Según el reporte, la USI dividió la compra de los bienes en dos contratos independientes 'sin realizar estudios técnicos, económicos o de mercado' que justificaran dicha decisión.
El informe señala que durante la etapa precontractual la entidad no habría demostrado la existencia de 'impedimentos técnicos, jurídicos o comerciales' para adelantar un único proceso de contratación. También, que no habría presentado análisis que sustentaran la división del objeto contractual, situación que para la Contraloría representaría una 'ausencia de soporte técnico' en la planeación. Además, el organismo advirtió que, por el valor y la naturaleza de los suministros requeridos, los contratos debieron tramitarse mediante una convocatoria de mayor cuantía, superior a 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según la auditoría, la utilización de procesos de mínima cuantía evidenciaría una 'estructuración deficiente' desde la fase inicial y presuntamente habría permitido 'eludir' procedimientos legales 'más rigurosos'.
Según añade el informe, la falta de una planeación adecuada también habría impedido que los contratos alcanzaran su perfeccionamiento y ejecución dentro de la vigencia fiscal de 2025. Posteriormente, tras la intervención de la USI por parte del Gobierno Nacional, se ordenó la suspensión de ambos procesos contractuales. La administración intervenida justificó la suspensión como una 'medida preventiva' para evitar mayores irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Actualmente, todos los hechos detectados por la Contraloría serían materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que pretenderían establecer posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales o administrativas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Ecos del Combeima
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