🕒 Última actualización:
junio 20, 2026
El jueves y en el marco de un proceso de paz con el Gobierno Nacional, 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) habrían ingresado a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez, Putumayo, donde habrían realizado el acto de dejación de armas y comenzado su tránsito hacia la vida civil. El hecho haría parte de un acuerdo más amplio que pretendería 'la desmovilización progresiva' de este grupo armado y 'su reintegración social, económica y política'. De forma paralela, la delegación del Gobierno Nacional confirmó que el proceso involucraba a cerca de 100 combatientes que 'entregaron armas, uniformes y material de guerra, incluyendo fusiles, pistolas, ametralladoras, morteros artesanales, lanzagranadas', además de 'más de 24.000 municiones y cientos de proveedores', como parte del desarme en esta fase inicial del acuerdo.
La Zona de Ubicación Temporal tendría una extensión aproximada de 12 kilómetros cuadrados y habría sido habilitada con condiciones básicas para la permanencia de los combatientes, quiene, según el reporte, permanecerían allí durante 10 meses bajo monitoreo y verificación de un mecanismo internacional integrado por la Organización de Estados Americanos (OEA), países acompañantes y la Conferencia Episcopal de Colombia. Durante este periodo, los integrantes de la Cneb tendrían acceso a procesos de capacitación y educación, principalmente a través del Sena, como parte de su reintegración a la vida civil. Según el Gobierno Nacional, este sería un 'paso clave' dentro de los compromisos pactados en los ciclos de diálogo, que incluirían también acciones como 'desminado humanitario' y la sustitución de economías ilícitas en zonas de influencia del grupo.
El comandante alias Araña señaló que la entrada a la ZUT representaría un 'tránsito simbólico' hacia la vida civil, mientras el gobierno insiste en que el proceso avanzaría como un plan piloto 'de reintegración' que pretendería consolidar un 'acuerdo definitivo' hacia la desmovilización total del grupo al finalizar el periodo de 10 meses, previsto inicialmente para el 25 de diciembre. Sin embargo, el proceso ha enfrentado tensiones y controversias jurídicas, además de críticas, luego de que una orden judicial intentara suspender las actividades en la ZUT, decisión que el gobierno impugnó al considerar que las medidas 'ya estaban en marcha' y que la orden era de "imposible cumplimiento". La suspensión había sido ordenada por un juez tras una tutela de un resguardo indígena que alegó 'falta de consulta previa', decisión que el despacho consideró que 'vulneró derechos al debido proceso'. En paralelo, se mantiene el debate sobre el alcance del proceso, especialmente por una 'falta de abordaje profundo' de temas ambientales, aunque se contemplaría la posibilidad de acciones de reparación como la siembra de más de 100 mil árboles nativos en las zonas afectadas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Impacto News
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